En el debate público sigue campeando la discusión estéril en torno a la distribución del poder, más que la disputa seria entre ideas y programas para su ejercicio. Esta carencia produce la inmovilidad en diversas arenas de la vida pública y el atraso en el nivel de vida de la sociedad. Pero la ausencia de un debate político alrededor de políticas públicas, sólo es producto de la ligereza con que se explican los fenómenos políticos y los incentivos perversos de nuestras instituciones.

 

Hay varios elementos institucionales que motivan a los políticos a enfrascarse en debates que no dirigen a ningún lado y hay otros que reducen los costos de que lo hagan. Por un lado, la centralidad del acceso al poder como problema, y por otro, los mecanismos institucionales para lograrlo. Los políticos profesionales toman sus decisiones para resolver sus propios dilemas de ambición política. Mientras la lógica de la competencia por el poder no los dirija centralmente a encapsular los intereses de sus electores, ningún político tendrá los incentivos para resolver los problemas públicos de manera consistente.

 

La transición a la democracia es un proceso histórico concluido. Las reglas de la democracia como mecanismo de selección de gobierno están establecidas y han sido eficaces al respetar y agregar la voluntad de los ciudadanos. La consolidación de la democracia mexicana requiere discusiones en torno al ejercicio del poder. Debemos transitar de la discusión de cómo obtener el poder para pensar cómo debe contenérsele. La agenda política de reformas de las siguientes legislaturas tendrá que ir en ese sentido si se aspira a la consolidación de los espacios democráticos.

 

La reforma electoral está en el centro del debate legislativo y es una prioridad del próximo presidente. Ambos poderes se asumen convencidos de que las reglas no funcionan y deben cambiar. El diagnóstico surge de la presión y el descontento perredistas. Nada más alejado de la razón que ver en la competitividad electoral un problema. Si los márgenes de diferencia entre competidores políticos tienden a reducirse, los incentivos gubernamentales para mejorar la función pública se incrementan.

 

Ante un escenario deseable en una democracia joven, los políticos oportunistas proponen mecanismos electorales que relajen la competencia. Peor aún proponen reformas electorales como respuesta a problemas de los que no podrán ser solución y en cambio, generan otros tantos. Así ocurre, por ejemplo, con la segunda vuelta electoral.

 

La segunda ronda como método de elección, sugieren algunos, habría evitado una elección tan cerrada entre AMLO y Calderón. Falso. No hay ningún elemento que garantice que una contienda entre dos alternativas será menos competitiva que otra entre un mayor número de alternativas. Por otro lado, la segunda ronda garantiza que el ganador no sea aborrecido por una mayoría del electorado, pero también es cierto que en tanto el elector es racional y los medios de comunicación dotan de información suficiente para que el votante calcule las probabilidades de victoria de sus alternativas, en una sola ronda electoral se tiene este mismo escenario.

 

El número de partidos tendería a incrementarse en un escenario donde se favorece la competencia de perdedores. Este elemento no sólo resulta en un incremento de los costos de financiar más agrupaciones políticas sino en el acceso de nuevas y pequeñas fuerzas legislativas que sólo dificultarían los acuerdos entre poderes. En este mismo sentido, la fragmentación del sistema de partidos sería caldo de cultivo para la aparición de buscadores de rentas en el acceso a la política. Por último, la segunda ronda electoral es un método de selección que no sabe sumar los votos ciudadanos y puede castigar con su resultado, a candidatos que en principio tienen mayores apoyos electorales.

 

El problema se centra en el diagnóstico de los problemas. En la medida en que las discusiones sean establecidas sin aspiraciones técnicas y sólo integren elementos de conveniencia política los argumentos seguirán ausentes del debate público. Pero para ello es necesario modificar los incentivos que las instituciones generan. En la medida en que los legisladores tienen como único instrumento para continuar sus carreras políticas, la aprobación de sus dirigencias partidistas, el trabajo y las discusiones legislativas están marcados por el conflicto. Prevalecen los golpes sobre los argumentos.

 

En la medida en que los legisladores sean sujetos a la rendición de cuentas por el electorado, a través de la posibilidad de aspirar a su reelección inmediata, incrementarán los incentivos de los legisladores a allegarse de mejores apoyos técnicos y de profesionalizarse en la experiencia parlamentaria. Sus futuros políticos ya no estarían únicamente determinados por sus partidos sino por sus electores. En última instancia, lo que se sugiere aquí es que deben incorporarse discusiones respecto a la forma en que es ejercido el poder y sobre todo, la manera de hacer debe contrastar a la práctica cotidiana, donde la ligereza y la popularidad son valoradas por encima de la razón y la representación política.