En el primer artículo de esta serie apunté la imperiosa necesidad de hacer una reforma tributaria que además de aumentar la recaudación genere incentivos más eficientes al trabajo, el ahorro y la inversión. En el segundo señalé la importancia de ejercer un gasto publico de manera eficiente utilizando para todos los programas públicos un criterio de evaluación social de proyectos, eliminando aquellos que tengan una rentabilidad social negativa. En este artículo trataré uno de los puntos más importantes en materia de finanzas públicas y que se refiere a la presión que ejercen las pensiones de los empleados gubernamentales.

El sistema de pensiones de los empleados gubernamentales que cotizan en el ISSSTE está basado en un esquema de reparto, mediante el cual los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. Este esquema es financieramente inviable, como se vio para el caso de los trabajadores del sector privado que cotizan en el IMSS, ya que la relación de trabajadores jubilados por cada trabajador en activo es creciente. Este esquema se complica aun más si las aportaciones corrientes de los trabajadores en activo no es suficiente para cubrir las pensiones por lo que, para mantener el sistema, se requiere de una aportación directa del gobierno federal, recursos que obviamente tienen un uso alternativo.

En la actualidad, el sistema de pensiones del ISSSTE tiene un déficit cercano a los 40 mil millones de pesos y se estima que, manteniendo el esquema de reparto, éste aumentará para el 2012 a un déficit cercano a los 80 mil millones de pesos. Obviamente, destinar una fracción creciente de los ingresos del sector público al pago de pensiones implica tener que reducir el gasto en otros rubros como educación, salud e infraestructura, problema que se agudiza si, ante la ausencia de una reforma tributaria integral, los ingresos totales caen por las menores exportaciones de petróleo, tanto por un menor volumen como por una disminución del precio. El problema es todavía mayor cuando consideramos que, con una alta probabilidad, el gobierno federal tendrá que asumir parte de las pensiones de los trabajadores de diversos organismos públicos como el IMSS, las empresas paraestatales y la banca de desarrollo, las de los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales así como las de las universidades públicas estatales, lo que lleva a que en su conjunto, el déficit actuarial de las pensiones públicas asciende a casi el 90% del PIB. Obviamente este sistema es inviable y pone en grave riesgo la sanidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, por lo que urge una reforma de fondo.

Los elementos de esta reforma al sistema de pensiones públicas, particularmente el de los empleados gubernamentales que cotizan en el ISSSTE son: a) la individualización de las cuentas de retiro en cuentas capitalizables; b) aportación del gobierno a la cuenta individual de un bono de reconocimiento igual al valor presente del monto de la pensión acumulada a la fecha; c) aportaciones periódicas del gobierno como el empleador y del propio trabajador que, junto con el bono de reconocimiento y los intereses que se generen tiendan a garantizar una pensión equivalente al 70% del último sueldo; y, d) portabilidad de la pensión del sector público al sector privado y viceversa. Estos elementos ya han sido ampliamente discutidos y, en general, quitando el último, aceptados. Hay sin embargo un punto que en lo particular sigue siendo discutible: la afore para los trabajadores del gobierno y la portabilidad.

Los líderes del sindicato de trabajadores gubernamentales, para apoyar la reforma exigen que se constituya una afore para los trabajadores gubernamentales, que sean ellos (los líderes sindicales) quienes administren la afore, que no se cobre comisión a los trabajadores como sí sucede en las afores privadas y que los trabajadores no puedan migrar su pensión a una afore privada por un determinado periodo de al menos dos años. Esto obviamente es ineficiente por varias razones, destacando tres. Primero, si no se cobra una comisión, el gobierno tendría que aportar los recursos para mantenerla en operación. Segundo, al tener la exclusividad y limitando la portabilidad, tal afore operaría como un monopolio y se perdería el elemento de rendición de cuentas que se reflejaría en menores rendimientos. Y tercero, se le quita al empleado la libertad de elección.

Estos problemas y resistencias tienen que ser resueltos ya que de lo contrario tendremos, en el futuro cercano, un grave problema de finanzas públicas.