Ricardo Medina ha analizado la aplicación de
impuestos para corregir una falla de mercado, en este caso el de las externalidades negativas. Quiero analizar el caso en el
cual se presenta una externalidad positiva,
caracterizada por que el beneficio social de una acción privada es mayor que el
beneficio privado de quién lleva a cabo tal acción y que por lo mismo justifica
que el gobierno intervenga activamente en el mercado, en este caso a través de
los subsidios.
El mejor ejemplo de una externalidad
positiva es sin duda la educación. En este caso, la decisión que toma un
individuo de destinar recursos escasos para invertir en la acumulación de
capital humano a través de la educación formal le genera a este individuo un
beneficio privado en la forma de una mayor productividad en el mercado laboral
y, consecuentemente, un mayor salario real. Así, se observa que a medida que
los años de escolaridad aumentan, también lo hace el salario recibido. La
decisión de cuantos años estudiar depende de cuanto le cuesta en el margen
estudiar un año adicional (medido como el costo de oportunidad en la
utilización de estos recursos más el ingreso dejado de percibir por estar
estudiando) comparado con el beneficio marginal esperado de estudiar un año más
(medido como el aumento en su ingreso); cuando estos sean iguales es hasta allí
donde el individuo estudia.
Además del beneficio privado que se deriva para el
individuo en lo particular de estudiar, la sociedad en su conjunto también
experimenta un beneficio de tal decisión es decir, se genera una externalidad positiva, misma que toma diferentes formas.
Así, entre los efectos externos positivos de la educación destacan: a) es más
barato y eficiente introducir cambios tecnológicos en la producción, principal
fuente de crecimiento económico; b) mayor escolaridad de los padres se refleja
en que la escolaridad de los hijos también será mayor, entrando en un círculo
virtuoso; c) aumentan los conocimientos de cuidados preventivos de salud,
incluyendo la alimentación correcta, por lo que la sociedad en su conjunto
tiene que destinar menos recursos al gasto curativo; d) mayor será la calidad
de la vivienda, con un mayor espacio vital para cada miembro de la familia; e)
mayor será el precio dispuesto a pagar por tener un medio ambiente más limpio y
sustentable; y muchos otros. Así, la sociedad en su conjunto se beneficia de
que cada individuo, en lo particular, incremente su escolaridad formal y, por
lo mismo, es papel del gobierno destinar recursos públicos para inducir a la
población, a través de un subsidio, para que estudie más años, llegándose al
óptimo cuando el costo marginal de proveer el servicio educativo sea igual al
beneficio marginal social y esto se logra cuando el beneficio marginal social
es igual al beneficio marginal privado.
Evidencia de la externalidad
positiva de la educación, tanto en México como en otros países, apunta a que
ésta se presenta hasta el nivel de educación media superior (preparatoria),
misma que ya no existe cuando de estudios universitarios se trata es decir,
para este último nivel educativo el individuo se apropia prácticamente de todo
el beneficio de estudiar. Lo que esto implica, desde el punto del diseño de
política pública en materia educativa, es que los recursos que la sociedad
aporta a través del sistema tributario para el financiamiento de la educación
deben ser destinados a la educación básica y a la educación media y no al
financiamiento de la educación superior. El rendimiento social por peso gastado
en educación es mayor cuando los recursos se utilizan para financiar la
educación básica y media que cuando se destinan a la educación universitaria.
Lo anterior no excluye que el gobierno no tenga un
papel que jugar en relación a las universidades, pero éste tiene que
concentrarse en instrumentar un sistema eficiente de créditos –beca para
estudiantes universitarios que efectivamente carezcan de los recursos para
financiar sus estudios sujetos siempre a un buen desempeño académico y para
financiar la investigación universitaria, pública y privada, que es donde
podría presentarse el caso de una externalidad
positiva.
Destinar
más de 300 mil millones de pesos para financiar la provisión de educación
universitaria pública no es, desde un punto de vista social, un uso eficiente
de recursos escasos.