Primer semestre: el culpable 
El INEGI dio a conocer las cuentas nacionales para el primer semestre del año y las cifras realmente no son muy buenas. Durante los primeros seis meses del año el PIB tuvo un crecimiento de 1.7%, lo que junto con el crecimiento de 3.7% de las importaciones resultó en una expansión de la oferta agregada de bienes y servicios de 2.2%. Por el lado de la demanda agregada, el crecimiento de sus componentes fueron: consumo privado: 1.4%; consumo de gobierno: 2.5%; formación bruta de capital: -0.6%; exportaciones: 6.5%. Es claro que la única fuente importante de crecimiento fue la demanda externa; la contribución de los componentes internos fue muy baja.
Uno de los elementos que explican el bajo dinamismo de los componentes de internos de la demanda agregada es sin duda la política tributaria extractiva que le quitó recursos al sector privado, lo que derivó en las bajas tasas de crecimiento tanto del consumo como de la inversión privada, que en el primer semestre solo aumentó en 1.3%. A esto hay agregarle la muy baja generación de valor agregado del gasto público, resultante de una enorme ineficiencia, ineficacia y corrupción con la que se ejerce el gasto gubernamental además de muchos de los rubros de gasto tienen, socialmente evaluados, un valor presente neto negativo por lo que en lugar de generar riqueza, en efecto la destruyen.
Además de la cifras arriba expuestas, hay otras que resaltan y que, nuevamente corresponden al gasto público. Como se indicó, durante el primer semestre la formación bruta de capital fijo cayó en –0.6%, siendo explicada en su totalidad por el desplome de la inversión pública que se contrajo en la apabullante cifra de 8.4%. Dentro de esta reducción destaca la construcción pública que se contrajo en 9.2% y la inversión en maquinaria y equipo que cayó en 4% (la construcción privada creció 0.2% y la inversión privada en maquinaria y equipo se expandió en 2.8%).
Las cifras señaladas apuntan a que el culpable del bajo crecimiento experimentado es el gobierno. Durante la discusión de la mal llamada reforma tributaria, allá por los últimos meses del 2013, el gobierno argumentó que requería de mayores recursos tributarios y de flujos de endeudamiento para financiar un mayor gasto social así como una mayor inversión pública. Con las cifras presentadas por el INEGI, cabe preguntarse qué demonios está haciendo el gobierno con la enorme cantidad de recursos a su disposición porque no se aprecia ninguna contribución significativa del gasto gubernamental al crecimiento económico. Que la mayor parte del gasto gubernamental esté destinado a sueldos, salarios, pensiones y transferencias genera muy poco valor agregado y si a ello le agregamos la notoria caída de la inversión pública, resulta en que en lugar de que la política fiscal esté impulsando el crecimiento, en realidad lo está inhibiendo. El efecto neto de la política fiscal (tributos, endeudamiento y gasto) es negativo.
Es claro que se requiere replantear la política fiscal. Por el lado tributario, la estructura impositiva vigente, además de ser puramente extractiva, no genera los incentivos correctos para el crecimiento. Por el lado del gasto, la mayor parte de éste, en particular el corriente, es solamente inercial y sin una correcta evaluación de su efectividad. Y, por último, la debilidad futura inherente de la política de endeudamiento público, ya que tener requerimientos financieros anuales del sector público equivalentes al 4% del PIB no es sostenible.
Está en manos del Congreso reevaluar la política fiscal. ¿Lo van a hacer? Lamentablemente, no.