Incentivos 
El crecimiento económico alto y sostenido es la única forma de aumentar el bienestar generalizado de la población y el mecanismo más efectivo para abatir la pobreza. Para que la economía crezca es necesario que los incentivos que se derivan del marco institucional estén alineados con ese objetivo, particularmente en lo que concierne a la inversión, el trabajo y el cambio tecnológico. Destaco algunos de estos elementos prevalecientes en el arreglo institucional mexicano y que explican en gran medida el mediocre desempeño de la economía durante tres décadas.
Un primer elemento, quizás el más importante en cuanto a la inversión y a la modernización tecnológica se refiere, es la eficiente definición de los derechos privados de propiedad y la certeza jurídica del cumplimiento de los contratos. Lo que tenemos en México es una deficiente definición de los derechos privados de propiedad al ser la propiedad privada un derecho derivado y no, como debería ser reconocido, un derecho natural. La Constitución, el artículo 27, establece que todos los recursos pertenecen originariamente a la nación, además de que los recursos privados podrán ser expropiados por causa de utilidad pública. Esto de entrada, introduce incertidumbre jurídica sobre la propiedad y se constituye como un elemento que inhibe la inversión.
Adicionalmente, en lo que sin duda es el eslabón más débil del arreglo institucional mexicano, es la incertidumbre que existe sobre la garantía judicial del cumplimiento de los contratos. Dado que la mayor parte de los litigios entre particulares son atendidos en los juzgados estatales, los cuales en su mayor parte no son independientes, imparciales, eficientes y expeditos, además de que existe una alta incidencia de corrupción, deriva no solo en una asignación socialmente ineficiente de recursos sino también en menores flujos de inversión privada.
Otro elemento que inhibe la inversión es la prevalencia de una alta corrupción. Notorias deficiencias en el arreglo institucional permite que los funcionarios públicos puedan actuar como buscadores de rentas, utilizando el poder público para obtener un beneficio personal. Contratos de obras públicas amañados, conflictos de interés, excesivas e ineficientes regulaciones de los mercados, etcétera, son claramente un elemento que inhibe la inversión. México, de acuerdo a Transparencia Internacional, se sitúa en el lugar 95 de 168 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción. Ello explica en gran medida la baja tasa de inversión y el bajo crecimiento económico.
Un elemento adicional es la ineficiente regulación de los mercados. Altas barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados, además de la corrupción que ello genera, también deriva en una alta incidencia de informalidad de las empresas y de los trabajadores. Estar operando informalmente implica ser un agente productivo muy pequeño, con muy pocos trabajadores, sin economías a escala y con tecnología obsoleta y, en consecuencia, con una muy baja productividad, un lastre sobre el crecimiento económico.
Relacionado con el factor trabajo, destacan dos deficiencias institucionales. Primero, contratar trabajadores es muy caro porque los costos de despido son muy elevados. Segundo, el esquema de seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR) son, efectivamente, un impuesto al trabajo. La legislación laboral mexicana tiene un sesgo en contra de la inversión, de la modernización tecnológica y, peor aún, en contra del trabajo.
Más allá de factores coyunturales que pudiesen afectar la tasa de crecimiento en un período determinado, si los incentivos que se derivan del arreglo institucional no son eficientes, es natural que la economía tenga un desempeño mediocre y que prevalezca una alta incidencia de pobreza. Y así estamos.