Al decir del reporte de Rolando Ramos publicado ayer en El Economista al menos un par de destacados diputados federales de la Comisión de Hacienda y Crédito Público creen que el gasto del gobierno es una pócima milagrosa que cura cualquier mal: sirve para eliminar la impunidad de los criminales, para tranquilizar a los angustiados, para hacer eficientes y honestos a los policías, para que reine el estado de derecho, para darle empleo lo mismo a los albañiles que a los licenciados…

Veamos. Por una parte, Emilio Flores Domínguez (PAN, originario de Chihuahua, 51 años, licenciado en economía) se quejó ante el subsecretario de egresos de que el cuantioso gasto público no se nota en la economía nacional; el país –lamentó- “está lleno de desempleados, desde albañiles hasta profesionistas (…) este nivel de gasto no se ve que se refleje en el abatimiento del desempleo en el país ¿Qué está pasando en la economía nacional?”.

A su vez, Samuel Aguilar Solís (PRI, originario de Durango, 52 años, licenciado en economía) declaró que los 154 mil millones de pesos adicionales de gasto público –respecto del mismo periodo del año anterior– ejercidos hasta junio de 2008, no se han traducido en un avance en materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. (A ver si la presidenta de su partido no regaña a don Samuel por incurrir en “estridencias” respecto del asunto de la inseguridad). Si los números que ofreció el subsecretario de egresos fuesen ciertos, sentenció este ilustre tribuno, “habría una percepción de seguridad” entre los mexicanos.

Tal parece que ambos legisladores creen a píe juntillas que la llave milagrosa que resuelve cualquier entuerto –sea la impunidad, sea la excesiva tramitología, sea el desasosiego de las familias, sea la falta de respeto a los derechos de propiedad- es una carretada de dinero público: “Échame el problema que quieras y te lo resuelvo a billetazos”.

¿Subirles el sueldo a los legisladores será la solución para que no digan tonterías?