La nueva ley electoral, que fue aprobada al vapor por el Senado y la Cámara de Diputados, está ya haciendo las rondas de los congresos estatales, donde nadie espera que enfrente ningún obstáculo importante. Hoy más que nunca los dirigentes de los partidos políticos les están haciendo saber a los gobernadores y a los legisladores locales que cualquier rebeldía será castigada por las dirigencias centrales de los partidos. Quienes han ofrecido puntos de vista distintos, como el gobernador Humberto Moreira de Coahuila, han sido atacados de inmediato.

Las organizaciones del Consejo Coordinador Empresarial han circulado entre todas las legislaturas locales una carta en la que piden a los legisladores reflexionar y señalan todos los problemas de las enmiendas constitucionales que han conformado la nueva ley. Y es lógica la posición del CCE. Uno de los propósitos de la legislación es impedir que organizaciones como ella puedan comprar tiempos de radio y televisión para cuestionar o respaldar ideas o candidatos durante las campañas electorales. Para ellas, ésta es simplemente una ley mordaza que manda la señal que nadie, excepto los partidos políticos, pueden ofrecer sus puntos de vista políticos en los medios.

Todos sabemos, sin embargo, que las modificaciones constitucionales no podrán ser echadas para atrás. Los partidos políticos han logrado un acuerdo inusitado después de años de discrepancias. No lo lograron en los temas que realmente pueden hacer que avance el país o en aquellos que los ciudadanos consideran como más importantes. Pero sí en éste que les da a ellos más poder y que debilita el contrapeso político que puedan significar los medios de comunicación.

El propio presidente de la república, Felipe Calderón, si bien se ha abstenido de hacer pronunciamientos abiertos sobre una iniciativa de reforma electoral que las encuestas de opinión revelan es sumamente impopular, claramente negoció con las cúpulas políticas un apoyo de los legisladores del PAN a la reforma electoral a cambio de que los priistas lo respaldaran en su reforma fiscal.

Los costos de este acuerdo, sin embargo, ya son evidentes. Algunos diputados del PRI han señalado que, si no se investiga el aparente enriquecimiento del ex presidente panista Vicente Fox, entonces ellos no apoyarán el presupuesto de 2008. ¿Qué podía esperar el presidente si ya aceptó este tipo de condicionamiento una vez? Ahora tendrá que enfrentarlo constantemente.

La reforma electoral se convertirá en ley constitucional en los próximos meses o semanas. El presidente Calderón, de hecho, no puede vetar la iniciativa. El jefe del ejecutivo no tiene la facultad de rechazar reformas constitucionales aprobadas, como lo establece la Constitución, por una mayoría calificada de dos terceras partes en las dos cámaras del Congreso de la Unión y por mayoría simple en la mitad más una de las legislaturas locales.

El que la nueva legislación no se pueda parar no significa que vayan a quedar ahí las cosas. El Senado ha empezado ya a considerar una nueva Ley de Radio y Televisión para reemplazar la que apenas se promulgó en el 2006. El senador perredista Pablo Gómez ha amenazado a los concesionarios con utilizar la ley para someterlos más. El ex senador panista Javier Corral ha señalado que la nueva Ley de Radio y Televisión debe usarse para establecer controles no sólo a los tiempos comerciales, como ya lo ha hecho la ley electoral, sino a los contenidos. Esto implicaría el establecimiento de una censura formal en el país.

Se aproxima así una difícil batalla: no sólo entre los políticos y los medios, sino entre los políticos y la sociedad.