En un Estado de Derecho, sostén de la democracia, ningún juez puede dictar una sentencia basado en apreciaciones personales, recomendaciones o presiones de las partes, sólo en la ley que rige el asunto sobre el que tiene que decidir.

En un Estado de Derecho la ley está por arriba de la voluntad de los jueces, de los gobernantes y de los partidos políticos. Aunque un juez piense que a un violador de menores se le debe capar o fusilar, si no está previsto en la ley, tiene que dictar sentencia dentro de los límites que le marcan las leyes. Lo mismo es válido para el Tribunal Federal Electoral. Los magistrados del TRIFE tienen que decidir con base en las leyes electorales, no en lo que ellos quieran, demande algún candidato o manifestantes.

La ley electoral señala cuándo procede un recuento de votos. En una elección pacífica y desarrollada conforme a las leyes electorales, donde estuvieron representados todos los partidos que compitieron, sólo califican para ser recontadas, en principio, las casillas impugnadas por algún partido. En aquellas donde los partidos firmaron las actas de conformidad, documentos que tienen la validez de un instrumento público, no pueden ser reabiertas ni son materia de análisis del tribunal electoral. Las que deben ser recontadas, según la ley electoral, son únicamente aquellas casillas impugnadas donde existan suficientes pruebas para justificar su recuento. Aunque dos de los principales candidatos pidan un nuevo conteo total, el tribunal no puede acceder, ya que la materia es de derecho público, no de derecho privado.

La petición de recontar todos los votos, por uno de los partidos que perdió, fue denegada porque carecía de fundamentos. Haberla aprobado hubiera significado desconocer la legitimidad de todo el proceso del domingo 2 de julio. Eso sólo es factible en principio por alguna causa grave, que ningún partido probó ni la vieron los casi 42 millones que votaron. No fueron presentadas en el tribunal pruebas de robo generalizado de casillas, introducción masiva de votos, compra de votos, intimidación a los votantes o algún tipo de fraude o violencia que altere los resultados finales. El mismo PRD imposibilitó un nuevo conteo total de votos al no impugnar donde ganó, sólo donde perdió. Si no impugnó el total de casillas no se puede recontar el total de casillas.

El TRIFE sólo puede ordenar recontar los votos en las casillas impugnadas donde existan presunciones, en base a pruebas, de presuntas irregularidades, tal como lo resolvió. Quien sostenga lo contrario desconoce las leyes electorales, lo que es un Estado de Derecho y la democracia.