La democracia, como la conocemos ahora, es un sistema relativamente nuevo. Todavía en el siglo pasado la mayoría de los países vivieron bajo sistemas dictatoriales y autoritarios. La democracia no es sólo la elección de candidatos a puestos públicos, implica un orden jurídico que limita la actuación de los gobernantes y deja claro a los ciudadanos qué pueden y qué no pueden hacer.

 La democracia supone un estado de derecho y el respeto a los tres derechos fundamentales del ser humano: vida, propiedad y libertad. La democracia tiene como virtud garantizar, si los actores políticos respetan sus reglas elementales, la transmisión pacífica del poder. Implica la división de poderes y un poder legislativo o parlamento que, como su nombre lo dice, es para “parlar”, hablar, dialogar y lograr acuerdos.

 Hay un tema que todavía no está claro en muchas democracias jóvenes y es cuándo usar la fuerza contra grupos políticos que violentan los derechos de terceros bajo la excusa de la libertad de manifestación, de petición y de oposición. Hay quienes en nombre de esas libertades, amenazan, bloquean vías de comunicación, destruyen propiedades y secuestran funcionarios, y no se les puede tocar ni con “el pétalo de una rosa”, porque acusan de represora a la autoridad responsable de mantener el orden.

 Muchos gobiernos democráticos miden con diferente vara al infractor solitario de la ley que a quienes la violan en grupo, escudados en las siglas de un movimiento político. Si yo impido que salga el auto de un vecino o le rompo un vidrio a su casa, la policía me detiene por daños en propiedad ajena. Si el delito lo comete un grupo que usa un membrete político, entonces algunas autoridades se vuelven tolerantes. Hay grupos políticos que buscan la represión como un medio para darle vida a sus movimientos. Ante esa estrategia, los gobernantes tratan de evitar enfrentamientos, pero llega un momento en que ya no es posible que la autoridad democrática deje hacer y deshacer a grupos que, en nombre de una u otra causa cierran calles, apedrean comercios y secuestran personas.

 El diálogo debe anteponerse al uso de la fuerza pública, la prudencia debe ser la rectora de toda decisión gubernamental que implique el uso de esa fuerza; pero hay situaciones en que la autoridad debe actuar para restablecer el estado de derecho, aunque corra el riesgo que los buscadores de enfrentamientos violentos logren sus objetivos: represión y víctimas.