Hasta el siglo XIX existían en casi todos los países leyes especiales para diversos grupos sociales. Si un eclesiástico cometía un crimen era juzgado por una ley especial. Los nobles, los militares y los comerciantes contaban con fueros. Una de las características de un estado de derecho moderno es que la ley vigente es de aplicación general. Los fueros sólo deben aplicarse por excepción. El fuero militar moderno no se contrapone a la ley general, sólo tipifica delitos específicos y castiga con mayor rigor a los infractores, pero no implica impunidad.

En el caso de los legisladores, se ha malentendido el fuero del que gozan. Hay quienes todavía piensan que con una credencial de diputado pueden portar armas, orinarse en la calle, pasarse un alto, insultar a quien quieran o dejar de pagar sus deudas sin ser procesados. Para entender el alcance de un fuero hay que analizar las causas que lo originaron y el texto legal que lo sustenta. Dice la Constitución Política en el primer párrafo del Artículo 61: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

El objetivo de ese artículo constitucional es proteger al diputado contra persecuciones u hostigamientos por lo que dice contra los poderes Ejecutivo o Judicial; pero el fuero se limita a que no se le finquen responsabilidades a un legislador por lo expresado en el ejercicio de sus funciones, pero sí se le puede procesar, como a cualquier otro ciudadano, en el caso de una falta administrativa, de no pagar sus deudas, robo o asesinato; sin embargo, en la práctica, para “evitarse problemas”, las autoridades han equiparado el fuero de los diputados a una impunidad para hacer o decir lo que quieran.

Ahora que entramos a una etapa democrática en la cual es difícil que se den abusos por parte del Ejecutivo, como en el siglo pasado, es importante redefinir y limitar el fuero de los diputados.