Uno de los problemas a los que se enfrenta la mayoría de las incipientes democracias en los países desarrollados es que muchos grupos políticos, adoptan las viejas técnicas de violar las leyes para que los “repriman” y presentarse como víctimas ante la opinión pública. Los grupos de guerrilleros de izquierda en el siglo XX tenían como uno de sus libros de cabecera al “Manual de psicopolítica” de Laurenti Beria, jefe de la policía secreta en tiempos de Stalin. Ese manual, recomendaba a los guerrilleros ganar adeptos en la población y mediante la creación de víctimas.

En la llamada “matanza de Tlatelolco” en 1968, la versión más lógica, pero la menos conocida, es que fueron los mismos líderes de los radicales quienes dispararon contra los manifestantes en Tlatelolco, para darle vitalidad a un movimiento que para esas fechas ya se había debilitado.

Al candidato del PRD en las elecciones presidenciales le vendieron la idea sus asesores de izquierda que si lograba que lo metieran a la cárcel ganaba las elecciones presidenciales. La estrategia de muchos grupos de radicales es provocar a las autoridades para que los repriman y posteriormente presentarse como víctimas. Ante esa clara estrategia de provocación–represión-victimización y violación de los derechos humanos, muchas autoridades han decidido no responder a las provocaciones, lo cual hace sentido y de sentido. Pero cuando esas provocaciones se convierten en delitos flagrantes que dañan a muchos ciudadanos, es irresponsable mantener una actitud pasiva.

Una de las tareas de un gobierno en un país democrático es decidir hasta dónde es posible no responder a provocaciones.

Es responsabilidad de cada nivel gubernamental no caer en el juego de la provocación-represión, pero sin tomar como política permanente una cómoda actitud pasiva e irresponsable ante quienes violan la ley flagrantemente en perjuicio de la mayoría de los miembros de la sociedad.