Hace poco un conocido de la tercera edad, que todavía trabaja, me dijo: “si me paro a media calle y detengo el tránsito, me quitan a la fuerza, me remiten a la comisaría, me hacen pruebas para ver si estoy borracho o drogado y me multan por obstruir las vías de comunicación. Si lanzo una piedra contra un escaparate de una tienda y rompo un vidrio, me detiene la policía y me acusan de daños en propiedad ajena. Si al construir invado la vía pública, la delegación o municipio, me multa y ordena la demolición inmediata. Las autoridades me aplican la ley.”

“Pero si reúno a un centenar de vagos -continúa diciéndome esa persona- extiendo mantas con cualquier petición, puedo cerrar calles, romper vidrios y levantar carpas en la vía pública sin que nadie me moleste. Si alguien me toca, grito que violan mis derechos humanos. La autoridad dirá que no es represora y que respeta la libertad de manifestación para justificar el no hacer nada.”

“Entonces –concluye esa persona– hay dos varas para algunas autoridades. Una para castigar a quienes actúan solos y otra para los que delinquen en grupo. Ojalá a los narcos no se les ocurra presentarse como grupo político, pues tampoco les harían nada. Hasta ahora a quienes se dedican a esa actividad ilícita se les aumenta el castigo cuando actúan en grupo. Se les considera crimen organizado. Pero cuando se organiza un grupo para violar la ley con la excusa de una reivindicación política, hay una total condescendencia y pasividad de las autoridades ante esos hechos, como sucede en el Distrito Federal.”

“Usted fue diputado –me dijo–, ¿es justo lo que sucede? No me vaya a salir con que vivimos en una democracia. Yo estuve trabajando como ilegal en los Estados Unidos y allá cuando un grupo de manifestantes cierra una calle sin permiso o rompe vidrios, van pal bote.”

Es que aquí somos una democracia débil y muchas veces los manifestantes son del mismo bando de quienes detentan el poder, como ha sucedido en la ciudad de México –le contesté. Se rió de mi respuesta.

“Mire, para que todo sea legal –me dijo– hay que pedirles a los miembros de la Asamblea del D.F. que publiquen leyes en las cuales cerrar calles, romper vidrios, grafitear paredes, tomar edificios y hasta secuestrar, no constituyan un delito, cuando lo realicen personas organizadas en grupos políticos, sindicatos, que se digan maestros o campesinos y la protesta tenga como fin teórico una reivindicación social”.