Durante casi todo el siglo pasado, aunque la Constitución consignaba la división de poderes y se hablaba de Estados soberanos y municipios libres, los mexicanos con uso de razón sabían que el Presidente decidía quienes iban a ser diputados, senadores y gobernadores. Hasta en el más lejano y pobre municipio, una recomendación presidencial era suficiente para que una persona ocupara la alcaldía.

En aquel México, de un presidencialismo absoluto, todo lo bueno, lo malo, los aciertos o fracasos, eran responsabilidad del Presidente de la República. Crecimiento, empleo, inflación y devaluación eran atribuibles a las decisiones del Presidente en turno. A partir del Gobierno del Presidente Fox se empieza a practicar en la realidad la división de poderes, que antes era letra muerta. Ya no existe una lista de candidatos a diputados, senadores y gobernadores del partido en el poder que palomea el Presidente. Las decisiones presidenciales están acotadas por los miembros del legislativo, del poder judicial y de los gobernadores.

Esa realidad política implica que ya no podemos, como en el siglo pasado, únicamente aplaudir al Presidente cuando hay un avance económico, tampoco considerarlo el único responsable cuando hay fracasos. El que se logre un mayor crecimiento ya no depende exclusivamente de las acciones del poder ejecutivo, también de las leyes que se aprueban o rechazan en el poder legislativo.

La aprobación de un presupuesto inflacionario o desequilibrado es definitiva en los aumentos de precios y tasas de interés. Las decisiones del Poder Judicial, las leyes emanadas del poder legislativo y las políticas implementadas en los diversos Estados de la República son ahora de suma importancia para el rumbo del país.

El futuro de México ya no está sólo en manos del Presidente Felipe Calderón, también en las de los legisladores que aprueban o desechan reformas y de los gobernadores que apoyan u obstaculizan cambios que nos permitan ser más competitivos a nivel internacional y lograr un mayor crecimiento y empleo.