En un afán de ordenar y transparentar los presupuestos gubernamentales, la legislación presupuestaria incentiva a gastar innecesariamente y a evitar el ahorro. El entorno jurídico y político de los presupuestos gubernamentales generalmente impulsan actitudes contrarias a las practicadas por los empresarios prudentes al manejar su propio dinero.

La primera gran diferencia entre manejar el presupuesto de una empresa de la cual soy propietario, y el del gobierno, es que en el caso del gobierno no manejo mi dinero y generalmente las ganancias o pérdidas de ese capital no afectan mi patrimonio. En mi empresa, si cometo un error disminuye mi capital y si la manejo con eficiencia se incrementa mi patrimonio.

Los esfuerzos de los directivos de las empresas estatales para aumentar la productividad no los beneficia. Muchas veces nadie les reconoce su esfuerzo y ni las gracias les dan. Es necesario buscar mecanismos para que quien maneje eficientemente los recursos gubernamentales, obtenga un beneficio o reconocimiento y quien los dilapide reciba menos o lo despidan.

Otro incentivo perverso es la generalizada condena a los subejercicios. Si alguien no gasta todo su presupuesto porque consideró que no había necesidad, recibe generalmente la recriminación de los medios de comunicación y de los congresistas. Además, al año siguiente le asignan menos presupuesto porque gastó menos; mientras a los que inventan gastos, normalmente le dan más porque suponen les hace falta.

Los presupuestos son rígidos, en ocasiones me sobra en un renglón y me falta en otro, pero por ley no me permite redistribuir racionalmente el presupuesto. Si lo hago, aunque sea en base a una situación racional y justificada, violo la ley y puedo caer en responsabilidades.

Es necesario repensar la legislación presupuestaria, pues hasta ahora en muchos renglones castigan a quienes buscan preservar los recursos fiscales y premian a los que no les importa cuidar el dinero de los impuestos.