Las campañas  para elegir presidentes, gobernadores, alcaldes y legisladores son una de las características de la democracia. El triunfo en una elección, aunque no basta para legitimar a un gobernante como democrático, evita, cuando es transparente y justo, cambios de gobierno violentos.

En el siglo pasado los países donde el poder se transmitió por la vía de una elección democrática, a pesar de los defectos de ese sistema, tuvieron un mayor crecimiento que aquellos donde no hubo elecciones o el gobierno cambió a través de la violencia.

Uno de los defectos de los procesos democráticos son algunos políticos, que en lugar de gobernar en bien de la comunidad, invierten la mayor parte de su tiempo y recursos públicos en alimentar una campaña permanente dirigida a obtener votos para otro puesto que anhelan. Un ejemplo de esa situación son los gobernantes perredistas en el Distrito Federal, quienes han actuado durante sus gestiones como candidatos permanentes a la presidencia de la República. Lo mismo podemos decir de varios gobernadores priistas, que desde que llegan a su puesto, tienen en su mente convertirse en presidentes, más que gobernar.

Enormes cantidades de dinero del erario y tiempos considerables de miles de burócratas se destinan a precampañas permanentes de altos funcionarios, dejando a un segundo plano el gobernar, para la cual fueron elegidos.

El siglo pasado los trotskistas practicaron la “revolución permanente” con la que justificaron una cotidiana violencia y búsqueda del poder contra el gobierno en turno. Hemos avanzado, ahora ya no tenemos revolucionarios violentos permanentes, pero sí candidatos permanentes, que no cumplen con sus funciones de gobernantes. Hay tiempos de campaña y tiempos para gobernar y dejar a un lado la búsqueda de otros puestos de elección. Sin embargo, esos tiempos, que son parte de la democracia, no son respetados por muchos políticos mexicanos.