Durante muchos años la Organización de los Estados Americanos (OEA) jugó un papel prudente en los problemas políticos internos de los países iberoamericanos. Pero de repente su Secretario General, un político de izquierda chileno, le salió un gran amor por la democracia en Honduras. Y se convirtió en el paladín del regreso a la presidencia de Manuel Zelaya, depuesto por intentar reelegirse, violando la Constitución de su país.

José Miguel Insulza, sin mediar ninguna investigación ni análisis de lo sucedido, condenó el hecho y comprometió a los gobernantes de los Estados Unidos, México y Brasil, entre otros, a darle trato de Jefe de Estado al presidente depuesto. La causa real fue quedar bien con Hugo Chávez, pero pocos se atreven a decirlo públicamente para no echarse encima al “brabucón” rico del barrio.

El ex secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge G. Castañeda, comentó “La Carta Democrática (de la OEA) tiene que aplicarse con todos sus capítulos, a todos los países, en todas las coyunturas. No sólo puede funcionar a favor de los amigos de Chávez cuando los derrocan los malosos…” (Reforma, 2/7/09).

Chávez intervino abiertamente en Honduras para apoyar la reelección de quien considera su discípulo, hecho que viola la carta de la OEA, la que dice “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado” (Art.3). Más adelante señala: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro” (Art. 19).

Si la OEA fuera objetiva y defendiera los valores democráticos, debería condenar públicamente o expulsar de esa organización a Hugo Chávez, por intervenir descaradamente en los procesos electorales de varios países de la región y flagrantemente en Honduras.