En el siglo pasado no se movía una hoja en el país sin el consentimiento expreso o tácito del Presidente de la República. Ese presidencialismo exagerado, inconstitucional, avasalló al poder Legislativo, al Judicial, a gobernadores y alcaldes. En el siglo XXI se acabó, el presidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón han ejercido el poder con más acotamientos que muchos presidentes de los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier análisis político que pase por alto esa nueva realidad, refleja una completa ignorancia de lo que sucede en México.

El Presidente Calderón, en una iniciativa que envió al congreso, decidió convertir a Pemex en una empresa globalmente competitiva, pero no pudo. Quienes decidieron dejar a PEMEX con un entorno jurídico monopólico, prácticamente igual al del siglo pasado, fueron los partidos de oposición al del Presidente en el congreso. El resultado de esa decisión es continuar con una reducción significativa en la producción de petróleo y una pérdida enorme de ingresos fiscales, que llevaron a la necesidad de aumentar los impuestos.

En la Reforma Fiscal también la decisión presidencial de ampliar la base gravable sin incrementar tasas quedó frustrada. Los legisladores de oposición en el Congreso fueron quienes decidieron que los mismos de siempre pagaran más impuestos para no tocar privilegios clientelares.

El Presidente tiene ámbitos de decisión, pero no puede realizar cambios estructurales que permitan a México ser competitivo en una economía global sin el apoyo de los legisladores y gobernadores de oposición, que controlan a la mayoría de los diputados y senadores de sus partidos.

La lenta recuperación de la crisis, la reducida creación de empleos y el bajo crecimiento, debido a la ausencia de reformas estructurales para la competitividad, crea malestar entre un gran número de mexicanos, muchos de los cuales por inercia e ignorancia todavía piensan que todo lo que pasa en México es responsabilidad del Presidente de la República.