Mi buen amigo, David Penchyna, diputado federal por el PRI, propuso en una iniciativa la creación del “Sistema Nacional de Banca de Desarrollo” y de un órgano colegiado “Consejo Nacional de Financiamiento del Desarrollo”, cuyos objetivos son vigilar, coordinar y reglamentar a los bancos de desarrollo. No dudo de la preocupación de David por mejorar el desempeño de la Banca de Desarrollo, pero su propuesta va en sentido contrario de lo que necesitan esas instituciones.

Precisamente uno de los problemas que enfrenta la Banca de Desarrollo, que la hace lenta y burocrática, es el exceso de reglamentaciones y de organismos que la vigilan. Un sondeo que realizamos durante mi paso por BANOBRAS arrojó que sus funcionarios pierden más de la tercera parte de su tiempo atendiendo asuntos y contestando oficios a las diversas instituciones que lo regulan.

Sobre la Banca de Desarrollo pesa gran parte de la regulación de la banca privada, también la específica de la banca de desarrollo, la del Gobierno Federal y la supervisión de la Auditoria Superior de la Federación que depende del Congreso. Mientras un banco privado puede resolver un crédito a un presidente municipal en menos de un mes, BANOBRAS se puede tardar hasta tres meses, debido a la gran cantidad de requisitos que tiene que cumplir para otorgar un crédito.

A pesar de esa sobrerregulación, los principales bancos de desarrollo, NAFINSA y BANOBRAS, trabajan con números negros y no requieren subsidios. El año pasado, que se contrajo el crédito para infraestructura de la banca privada por la crisis, la Banca de Desarrollo compensó esa caída, evitó el cierre de muchas empresas y  que se pararan obras de infraestructura.

En los últimos tres años, la Banca de Desarrollo incrementó sus créditos en más del 50%, sus índices de capitalización son altos y los de morosidad, bajos. Lo que necesita la Banca de Desarrollo, con todo respeto para mi amigo Penchyna, no es la creación de más organismos burocráticos que la vigilen y que encarecen los costos de los créditos, sino liberarla de tanta reglamentación innecesaria que le impide ser más ágil en el cumplimiento de sus funciones.