Una de las causas por la que ha aumentado la inseguridad en México es la politización de ese problema. Varios gobernadores por cuestiones electorales, en lugar de presentar un frente común contra la delincuencia, al igual que los legisladores de sus partidos, se han dedicado a responsabilizar ante la opinión pública al Gobierno Federal de la inseguridad en muchas ciudades y estados del país.

La prevención del delito y garantizar el orden público es, según el Artículo 21 de la Constitución, una corresponsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y federal, no sólo de este último. La prevención de los robos, lesiones, portación de armas y homicidios, recae primariamente en los gobiernos municipales y estatales, como se deriva del inciso “h” de la fracción III del Art. 115 de la Constitución y del 21 Constitucional. Por ello cada estado tiene una legislación penal, jueces penales, policías y recursos para combatir la delincuencia.

La tipificación de algunos homicidios y la portación de ciertas armas como delitos federales o la atracción de una averiguación al ámbito federal, por considerarse que cae en el supuesto de crimen organizado, después de cometido el delito o una vez que se aprehende a un presunto delincuente, no exime al gobierno municipal o estatal de la responsabilidad en la prevención de esos delitos. El PRI debe abandonar la estrategia electoral de crear la percepción entre los ciudadanos de que el único responsable de lucha contra el crimen es el Gobierno Federal.

Es grave que el PRI no reconozca formalmente la responsabilidad de los gobernadores en la lucha contra el crimen y sólo se limiten por motivos electorales a acusar al gobierno federal de usar una estrategia indebida, mientras que en los municipios y estados gobernados por ellos es donde sufren los ciudadanos una mayor inseguridad e índices de homicidios.