Quienes critican las actuales estrategias del Gobierno Federal para combatir al crimen organizado, señalan que la solución para disminuir o terminar con la violencia es reducir la miseria y aumentar la educación, y consideran a esos factores como las principales causas de las conductas criminales.

No podemos soslayar que la miseria y la baja calidad de la educación de millones de mexicanos constituyen graves problemas sociales; pero es un error considerar que la miseria es la principal generadora de la actual violencia en nuestro país. Si así fuera, los estados con más muertos y enfrentamientos entre miembros del crimen organizado deberían ser Oaxaca y Chiapas; pero no es así. En varios estados con relativamente mejores niveles de vida, como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, es donde existen mayores índices de violencia. Los estados donde hay más analfabetas y bajos niveles de educación no son los más violentos.

No confundamos “la gimnasia con la magnesia” y no tratemos de desprestigiar por motivos políticos una lucha que no es del Presidente, sino de los ciudadanos pacíficos, pobres y ricos, contra un puñado de violentos con muchos recursos y ambiciones. Ser pobre no es sinónimo de violento, ni rico de pacífico. No se vale que por cuestiones partidistas, descalifiquemos una lucha que la mayoría quisiéramos terminara, aunque a algún partido le interese que se prolongue para utilizarla electoralmente en el 2012.

Si el Presidente Calderón, haciendo caso a sus críticos, retirara al ejército y a la marina de las calles y quedaran las policías estatales y municipales como única contención al crimen organizado, la situación sería más grave. El Gobierno Federal entró de lleno a esta lucha ante la incapacidad y muchas veces complicidad de las policías estatales ante la ola de asesinatos, secuestros, robos y extorsiones en muchos estados de la República, perpetrados por criminales que no son precisamente los más pobres e ignorantes.