En México millones de ciudadanos y de empresas rinden cuentas al fisco. El gobierno tiene el poder de llegar a sus oficinas, sellar cajas y pedirle papeles en donde demuestren sus ingresos y gastos.

El Gobierno Federal a partir de esta década, además de rendir cuentas, tiene la obligación de responder todos los cuestionamientos de los ciudadanos a través del IFAI sobre en qué utilizó, cómo y quién gastó una partida presupuestal; sin embargo, hay algunas instituciones y niveles de gobierno que, escudándose en la soberanía o la autonomía, se niegan a rendir cuentas claras.

Si los diversos partidos en el Congreso quieren terminar con la corrupción, deben aprobar iniciativas, como la de Reforma Laboral en el 2010, presentada por la bancada panista, donde se obliga a los sindicatos a rendir cuentas a sus agremiados y a los ciudadanos del dinero que reciben.

Universidades, organismos no gubernamentales (ONG’S), partidos políticos, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, deben tener la misma obligación de rendir cuentas que los ciudadanos y el Gobierno Federal. Si priístas, panistas, perredistas, quieren un México más honesto y transparente, deben incluir a sindicatos, partidos, universidades y a todas las asociaciones no gubernamentales que reciban recursos fiscales, en la esfera de competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información, que entró en vigor en el 2002 con el gobierno panista de Vicente Fox.

Los partidos que se opongan a esos cambios dejarán claro ante la sociedad que necesitan de la opacidad en la rendición de cuentas para allegarse recursos ilegales de corporaciones, con las cuales presuntamente se comprometen a impedir en el Congreso que prospere cualquier ley que obligue a la rendición de cuentas y a la transparencia de los recursos fiscales que manejan.