El primer signo de politización de la violencia y de la lucha contra el crimen es hablar de los “muertos” o “la guerra de Calderón”. Mediante esos estribillos grupos políticos quieren que la opinión pública responsabilice de toda la violencia al Gobierno Federal.

En base a la Constitución, los gobernadores, que cuentan con presupuestos, policías, ministerios públicos y jueces, son los responsables primarios de combatir el crimen. El homicidio, el secuestro, el robo y la extorsión son delitos del orden común. Su combate corresponde en principio a las autoridades locales y en algunas circunstancias, en base al calibre de las armas que portan los delincuentes o de que varios estén vinculados al mismo ilícito, éste puede calificarse como delito federal. 

El Gobierno Federal intervino en varios estados de la República debido a denuncias de grupos de la sociedad civil, de que secuestradores y extorsionadores actuaban no solo con impunidad, sino, no en pocas ocasiones, con el apoyo de las autoridades estatales.

La estrategia de varios gobernadores de cruzar los brazos ante el crimen provocó su entronización y crecimiento. En algunos estados, como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, la violencia rebasó a las autoridades estatales. En un acto de sensatez y haciendo a un lado las estrategias partidistas de responsabilizar ante la opinión pública al Gobierno Federal de la violencia, los gobernadores de Guerrero y Veracruz pidieron al Presidente de la República apoyo para combatir al crimen que sus antecesores dejaron crecer.

La solución a la violencia implica la colaboración de los tres órdenes de Gobierno; pero cuando por motivos partidistas y electorales un nivel de Gobierno se dedica a criticar al otro en lugar de ayudar, la violencia aumenta. Y aunque logren engañar a algunos votantes, haciéndoles creer que el Gobierno Federal es el único responsable de la violencia que gobernadores dejaron crecer y en ocasiones se hicieron cómplices, los perjudicados son la mayoría de los mexicanos, víctimas, además de la violencia, de la reducción del turismo, de la inversión y del empleo.