Uno de los graves problemas a que se enfrenta Enrique Peña Nieto es que muchas de sus promesas de campaña no son avaladas por las acciones de sus gobernadores y legisladores en los últimos 12 años. Promete mejorar la seguridad pero los estados con más homicidios, secuestros, y criminalidad son los gobernados por el PRI, donde las autoridades locales no tan solo se cruzaron de brazos ante la violencia, sino  en algunos casos, como Tamaulipas y Veracruz, presuntamente se asociaron con delincuentes, según documentos atribuidos a la DEA y pruebas publicadas en medios de comunicación.

En el caso del orden financiero y la transparencia también han sido en los estados priístas donde se dio el mayor endeudamiento, desvíos de fondos y opacidad en el manejo de los recursos públicos, como lo prueban lo sucedido en los gobiernos priístas de Oaxaca y Coahuila, por dar algunos ejemplos.

En el caso de las reformas para crecer y crear empleos, como la apertura de PEMEX y la flexibilización laboral, han sido los legisladores priístas quienes las han bloqueado o mediatizado en el Congreso.

No dudamos de las buenas intenciones de EPN, pues algunas reformas que propone son de sentido común y necesarias; sin embargo han sido gobernadores priístas y legisladores de su partido quienes han impedido que se pongan en práctica los cambios que promete el candidato priísta.

La credibilidad de las promesas de un candidato está asociada a los resultados como gobierno del grupo que lo va a acompañar a gobernar si gana. En el caso de EPN la mayoría serán los mismos que gobernaron el país a nivel federal los últimos 20 años del siglo pasado y a nivel estatal 20 estados de la República en la primera década de este siglo. Si analizamos los resultados en los estados priístas y las decisiones de los legislados del PRI en el Congreso, sabremos cómo van a gobernar si controlan nuevamente el Ejecutivo.