El mismo día en que el Senado votó un dictamen que acordaba no declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, los líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dieron a conocer su decisión de regresar a clases, si bien no dieron una fecha precisa para este retorno. Esta decisión llevó a un aparente distanciamiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22.

 

La decisión de no declarar la desaparición de poderes no significa, por supuesto, que Oaxaca sea gobernable. Los propios senadores del PAN que apoyaron el dictamen han asumido públicamente la posición de que el gobernador Ulises Ruiz debe abandonar su cargo de manera voluntaria, cosa que él se niega a hacer. Pero cuando menos los maestros de la sección 22 del SNTE podrían desactivar el movimiento si efectivamente regresan a clases en los próximos días.

 

Una gran duda es la actitud que asumirá la APPO en caso de que los maestros regresen a clases. La magnitud del problema de Oaxaca cambia de manera significativa con o sin la sección 22. Ésta cuenta con cerca de 80 mil agremiados, mientras que la APPO, cuando mucho, tiene unos cuatro mil militantes.

 

Si realmente los maestros regresan a clases, los miembros de la APPO tendrán una decisión muy difícil en sus manos. En caso de que opten por mantener las barricadas, las posibilidades de una acción de las fuerzas de seguridad del estado o de la federación se vuelven muy reales. Si liberan Oaxaca, en cambio, habrán perdido ese escenario de difusión en los medios nacionales de comunicación que tanto han disfrutado.

 

Independientemente de la decisión que tome la APPO, es poco probable que con el retorno a clases se acabe el conflicto en Oaxaca. La sección 22 está retornando a las aulas porque ya obtuvo todo lo sustancial que exigió, excepto la cabeza del gobernador. Por otra parte, los maestros no pueden aguantar más sin obtener su sueldo. Son ya cinco las quincenas que no han recibido, y que obtendrán de manera retroactiva tan pronto estén de nuevo en las aulas.

 

Pero una vez que los maestros tengan el dinero en el bolsillo, no hay duda de que habrá nuevas movilizaciones y protestas –y quizá bloqueos-- en contra del gobernador. Enrique Rueda Pacheco ha señalado que el retorno a clases no significa que el sindicato cejará en sus esfuerzos por destituir a Ulises Ruiz. La APPO, por supuesto, tampoco lo hará. Ante la negativa del gobernador de dejar el cargo voluntariamente, y la obsesión de los radicales, la continuación del enfrentamiento se vuelve inevitable.

 

El presidente Vicente Fox ha prometido resolver el conflicto de Oaxaca antes de que concluya su sexenio. El secretario de gobernación, Carlos Abascal, ha hecho un enorme esfuerzo por lograr esto a través de mesas de negociación en las que los dirigentes de la sección 22 y de la APPO a menudo no han respetado los propios acuerdos a los que han llegado. Pero a poco más de un mes de que concluya el actual gobierno, y a pesar de la excelente señal que implica el compromiso de los maestros para regresar a clases, hay buenas razones para pensar que Felipe Calderón heredará el problema.