Este pasado 9 de octubre el secretario de gobernación, Carlos Abascal, anunció que se había logrado un acuerdo para resolver el conflicto de Oaxaca sin el uso de la fuerza pública. Pero apenas dos semanas después todo el acuerdo parece haberse desmoronado.

 

El secretario de gobernación logró que los maestros de la sección 22 del sindicato de maestros aceptaran regresar a clases y los militantes de la APPO accedieran a liberar las calles, las oficinas públicas y las radioemisoras de Oaxaca el 16 de octubre a más tardar. Lo importante es que acordaron estas medidas sin que se destituyera previamente al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Los militantes, que han suspendido clases y tomado el centro de la ciudad de Oaxaca desde el 22 de mayo, reconocieron ese 9 de octubre que la Secretaría de Gobernación no tiene la facultad para destituir a gobernadores y acordaron perseguir su objetivo de deshacerse del gobernador oaxaqueño a través del Senado.

 

Pero ni las clases se reanudaron ni las calles, las oficinas públicas y las radioemisoras fueron liberadas. Tampoco el Senado declaró la desaparición de poderes en Oaxaca. De manera que el acuerdo del 9 de octubre se ha desplomado completamente.

 

El presidente de la república, Vicente Fox, ha seguido insistiendo en que el conflicto de Oaxaca se resolverá antes de que concluya el actual sexenio. Pero no queda claro cómo se logrará esta solución. Para empezar, el secretario de gobernación se ha dado cuenta ya que el hecho de que se logren acuerdos con los representantes de la APPO y la sección 22 no significa que éstos se vayan a respetar. Por otra parte, ha fracasado también el intento del gobierno federal para endosarle la responsabilidad de la destitución del gobernador Ruiz al Senado.

 

Oaxaca, mientras tanto, lleva cinco meses en el abandono. La mayoría de sus escuelas están cerradas, las calles del centro de la capital están tomadas, decenas de oficinas públicas permanecen cerradas y la actividad turística y económica se ha desplomado.

 

Desafortunadamente, distintos partidos y grupos políticos están tratando de aprovechar el conflicto en Oaxaca. Esto reduce la posibilidad de que se puedan lograr acuerdos sensatos en el estado. Aunque todos dicen que actúan en representación de los oaxaqueños, la verdad es que los intereses de estos grupos prevalecen sobre los del pueblo común y corriente.

 

El presidente Fox y su secretario de gobernación se acercan cada vez más a un momento en que se requiere una definición. Ya de nada sirve decir que pronto resolverá el conflicto de Oaxaca, cuando las cosas se ven cada vez más complicadas. Y lo peor de todo es que el sexenio se les está acabando. Hay razones para pensar, de hecho, que el presidente ya ha cerrado la cortina y no tiene interés o capacidad de resolver este problema antes del fin de su gobierno.