El sector público en México ha vivido una transformación radical en los últimos años. Desde la reconfiguración de los mecanismos de acceso y distribución del poder político hasta las dinámicas organizacionales para su ejercicio. El cambio, sin embargo, no ha estado exento de estancamientos importantes en diversas áreas del actuar público.

 

El gobierno mexicano es -en palabras de Edna Jaime, investigadora del CIDAC- “ineficaz, caro e improductivo; obstaculiza la iniciativa individual y burocratiza la actividad productiva; genera inestabilidad e inseguridad; no es representativo ni favorece el desarrollo de una ciudadanía responsable”. El Estado mexicano actual ha sido rebasado en el cumplimiento de sus tareas fundamentales: crear las condiciones necesarias para que los mexicanos en general, y la economía en particular, puedan prosperar.

 

Por una parte, el marco institucional vigente es inadecuado para las realidades políticas nuevas. Por la otra, la distribución del poder político y los incentivos a la conservación de esa estructura institucional impiden los cambios. La contradicción implícita en estas dos circunstancias explica, al menos en parte, la complejidad de las relaciones políticas y, por tanto, la función gubernamental. Es cierto que se vienen gestando cambios y mejoras en casi todos los ámbitos de la acción pública; sin embargo, aún es mucho lo que falta por realizar.

 

El Estado Federal dificulta la instrumentación de políticas públicas que diseña,  en la medida en que requiere la intensa negociación con las entidades federativas y los municipios. Hay tres elementos que alimentan esta problemática: 1) la ausencia de un liderazgo nacional del Presidente; 2) la existencia de gobiernos yuxtapuestos; y, 3) la incertidumbre en los mecanismos de coordinación entre órdenes de gobierno (no hay suficientes instrumentos de coordinación).

 

Por otro lado, en el ámbito administrativo la multiplicidad de procedimientos para crear organismos genera inseguridad jurídica, al no dejar claras las jerarquías conforme a su método de creación; el tamaño del aparato burocrático dificulta la comunicación y reduce la eficiencia del sector público; hay superposición, confluencia y duplicidad de funciones entre las entidades públicas y organizaciones; peor aún, las formas de organización administrativa contempladas por la doctrina y la legislación mexicanas está desfasada de la realidad contemporánea.

 

La democracia ha modificado la realidad del poder. Como consecuencia de una nueva manera de acceder a los cargos públicos, también se han generado incentivos a la renovación de las instituciones. Sin embargo, la estructura de un sector público tan ensanchado originó una natural resistencia al cambio dentro de las organizaciones gubernamentales. Estos efectos contrapuestos explican, en buena medida, los avances y rezagos dentro de la Administración Pública Federal.

 

En particular, el gobierno federal mexicano ha realizado esfuerzos importantes para mejorar la gestión pública. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes y carecen en muchas ocasiones de la articulación necesaria entre entidades públicas y órdenes de gobierno, para potenciar la utilidad esperada de sus esfuerzos. El problema en este sentido, se torna esencialmente político, en la medida en que son necesarios acuerdos y negociaciones entre actores políticos diversos. No obstante, el diseño institucional debería mejorarse para incentivar la realización de esos acuerdos.

 

Los esfuerzos modernizadores del Poder Legislativo en México deben pasar por incrementar su papel proactivo en el diseño de políticas públicas, pero únicamente sobre la base de la profesionalización de sus cuerpos técnicos y de los propios legisladores. Las reformas que mejoren la calidad de su trabajo legislativo e incentiven la formación de coaliciones parlamentarias con el Ejecutivo son de primera importancia.

 

En este sentido, se debe considerar la posibilidad de dar prioridades en la agenda legislativa y evitar que los legisladores evadan, con la aprobación de leyes superfluas, la discusión de los temas relevantes. En este sentido, debe impulsarse la reelección legislativa inmediata, el fortalecimiento de las comisiones legislativas para evitar que su trabajo especializado se pierda al pasar al pleno, y permitir al Ejecutivo la capacidad de proponer iniciativas de urgencia que tengan que ser discutidas por el pleno, sin importar si son o no, finalmente aprobadas. Por último, deben plantearse reformas a la organización del trabajo legislativo para incrementar su calidad y eficiencia.

 

En fin, la agenda es amplia y requiere urgentemente la traducción de acuerdos políticos nacionales en instrumentos jurídicos sólidos y con una pretensión de estabilidad.  Este aspecto, continuamente soslayado,  nos cuesta a todos.  Y nos cuesta mucho.