Los retos de Felipe 
El actual texto es una síntesis de una presentación
del autor en las reuniones generales de
La tradicional crisis
de fin de sexenio mexicano ha pasado del plano cambiario al plano político. El
país está sufriendo las consecuencias de la falsa disyuntiva de privilegiar la
paz social sobre el imperio de
Esta crisis presenta
dos retos fundamentales para la nueva administración felipista.
Ambos, por fortuna, se dan en el contexto de un clima de estabilidad no antes
presenciado por la gran mayoría de los mexicanos, acostumbrados a ciclos de
crisis económicas, como fenómeno inexorable de nuestra generación devaluada.
La estabilidad de
precios significa que los ciudadanos mexicanos pueden ver hacia un horizonte de
largo-plazo—dando como un hecho una volatilidad más o menos baja de variables
como el tipo de cambio, la tasa de interés e índices de precios al consumidor.
Los agentes económicos ya pueden planear, ya pueden calcular una tasa interna
de retorno o hacer descuentos a valor presente, ya pueden colocar instrumentos
a plazos más largos. Este fue, como otros han mencionado, un factor que la
oposición obradorista subestimó en su campaña, y que
eventualmente, probablemente, le costó la elección.
Sin embargo, la nueva
administración hereda un entorno de crecimiento mediocre, después de décadas de
un desempeño muy por debajo de las posibilidades del país. Por otro lado, la
dependencia de nuestra economía sobre el ciclo estadounidense deja entrever un
ajuste a la baja en el 2007. México no puede seguir abusando de las válvulas de
escape que encuentra a su disposición, ya sea en la economía informal, donde
laboran millones de mexicanos, o en la exportación de mano de obra al norte de
la frontera.
Para ello, el reto felipista implica sacar adelante la serie de reformas
estructurales que se atoraron en esta administración, particularmente la
transición hacia un sistema de impuestos uniforme, que elimine regímenes
diferenciados. Asimismo, siguen en la agenda económica los cambios
estructurales en el régimen de inversión de energía, así como una reforma para
hacer más flexibles los mercados laborales.
Estos cambios son
necesarios para elevar las oportunidades de inversión y permitir mayores
índices de productividad. Empero, ello requerirá construir los consensos que no
se han logrado aterrizar en esta administración saliente. El país se encuentra
polarizado, dividido en medio de un clima de incertidumbre, de desintegración
política, de falta total de respeto a las leyes y a las instituciones. Los
retos que enfrenta la administración no son función de buenas intenciones, sino
del más eficiente pragmatismo político. El diálogo es una herramienta
fundamental, pero es posible que se deba contemplar un choque radical de
confianza que permita recuperar la credibilidad de las leyes y las
instituciones.
Felipe Calderón hereda no una
devaluación cambiaria, sino una devaluación de las instituciones, provocadas
por la falsa tesis que la tranquilidad social es prioritaria al estado de
derecho. Hoy, ni paz, ni imperio de la ley, tenemos. Pero, como siempre en
nuestro país, una crisis también es una oportunidad de transformación integral.