En este último artículo de la serie quiero tratar uno de los principales retos que enfrenta el gobierno en cuanto a las finanzas públicas: el uso de recursos federales por parte de las entidades federativas y de los municipios. De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al tercer trimestre de 2006, en el periodo enero – septiembre de este año, el total de recursos federales que fueron transferidos a los estados y municipios por concepto de participaciones, aportaciones, PAFEF y convenios de descentralización y reasignación ascendieron a 677.5 miles de millones de pesos, mismos que representaron el 44% del gasto presupuestal neto del sector público y el 50% del gasto público primario.

El arreglo fiscal federal que existe en México, particularmente en lo que concierne a las participaciones, adolece de tres grandes problemas. El primero es la falta de responsabilidad por el gasto público en las diferentes entidades federativas y municipios. El segundo problema es la existencia de incentivos perversos en contra de esfuerzos locales para el cobro de impuestos. Y el tercero, es la existencia de restricciones presupuestales menos rígidas que enfrentan los gobiernos locales en comparación con el gobierno federal en cuanto a sus decisiones de endeudamiento y gasto.

En cuanto al primero, al depender los Estados y municipios de los recursos que obtiene a través del sistema de participaciones, y no hacer el monto que se le reparte a cada gobierno estatal y/o municipal función de la calidad y responsabilidad en el ejercicio del gasto, se presenta el problema del agente-principal, en donde el que recauda, en este caso el gobierno federal actuando como el principal, no tiene manera de obligar al agente que gasta esos recursos, Estados y municipios, para hacerlo eficiente y responsablemente. Obviamente, si los Estados y municipios no enfrentan ningún tipo de penalización en el monto que reciben del sistema de participaciones de los impuestos federales por haber utilizado ineficientemente los recursos, no tienen ningún incentivo para buscar obtener el mayor rendimiento por peso gastado, medido en términos de la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos a la población.

Respecto del segundo problema, al no hacer dependiente el monto de las participaciones que los Estados y los municipios reciben de la Federación de su propio esfuerzo de recaudación, para estos no existe el incentivo para hacer el esfuerzo ya que por una parte es políticamente atractivo imponer sobre la población bajas tasas impositivas y por otra, es relativamente fácil “culpar” a la Federación si los recursos de que se disponen no son los suficientes para financiar los bienes y servicios que los Estados y municipios proveen.

Por último, los gobiernos estatales pueden incurrir en una política “moralmente irresponsable” en el proceso de contratación de deuda, debido a que los gobiernos estatales ofrecen los ingresos que obtienen a través del sistema de participaciones federales como la garantía sobre su deuda y del hecho de contar, al menos implícitamente, con el respaldo del gobierno federal en caso de que sean incapaces de cubrir el servicio derivado de esta deuda. No enfrentar una restricción presupuestal rígida o dura, puede inducir a los gobiernos estatales a incurrir en un endeudamiento que no es compatible ni con sus ingresos propios, ni con sus ingresos derivados de las participaciones, particularmente cuando éstas últimas pueden tener de año en año notables variaciones resultado de la volatilidad de los ingresos petroleros.

Es probable que en los próximos años los ingresos petroleros, una de las principales fuentes de las participaciones y del PAFEF, se reduzcan. De suceder esto, la alta dependencia que tienen los gobiernos estatales y municipales de esta fuente de recursos, aunado a las rigideces que tiene el gasto en estos niveles de gobierno para ajustarse a variaciones significativas de sus ingresos, se traduciría en una significativo deterioro de las finanzas públicas locales y una posible presión sobre las finanzas públicas federales. Evitar que esto suceda es crucial y, en consecuencia, es indispensable modificar el actual arreglo fiscal federal para transferirle a los estados y municipios mayores responsabilidades sobre sus propias finanzas públicas.