Uno de los retos más importantes que tendrá el gobierno de Calderón en materia económica es hacer más eficiente y competitivo al sector manufacturero. Su importancia radica en que en los últimos años las empresas mexicanas han perdido relativamente frente a sus competidores, no solamente frente a China sino también frente a las empresas de otros países como Chile, El Salvador, Irlanda, Singapur, Corea, los de Europa Central, etcétera. Esta pérdida de competitividad se explica, principalmente, por el hecho de que mientras en el resto del mundo se ha avanzado para reducir los costos de transacción y de operación de las empresas hacia el interior de cada economía y en las operaciones comerciales y financieras internacionales, en México estamos atorados en un esquema institucional ineficiente y por lo mismo muy costoso. Como señalé en el artículo de la semana pasada, el crecimiento económico se produce cuando las empresas pueden reducir sus costos, ya sea por una mejora tecnológica o por enfrentar menores costos de transacción, lo que se traduce en un aumento en la productividad factorial total y un mayor flujo de ingreso real generado.  En consecuencia, es en esta área en la cual el gobierno tiene que actuar, partiendo de un principio esencial: la asignación de recursos escasos en mercados competitivos y eficientemente regulados será más eficiente que cuando el gobierno interviene activamente decidiendo a cuales ramas de actividad económica se apoya y a cuales no, cuales ganan y cuales pierden, a cuales se les transfieren rentas y a cuales no. En la política industrial que el gobierno instrumente tiene que identificar cuales son las trabas que encarecen la apertura y el crecimiento de las empresas, cuales son las barreras a la entrada y salida de empresas de los diferentes mercados así como los demás elementos que impiden la existencia generalizada de mercados competitivos y los que evitan una reducción de los costos operación y de transacción.

Una constante a la que se enfrentan prácticamente todas las empresas del país es la maraña regulatoria. Una enorme cantidad de trámites, federales, estatales y municipales aderezados con una significativa corrupción de los funcionarios públicos que se apropian de una parte de las utilidades de las empresas, son sin duda una de las principales barreras a la entrada de nuevas empresas a los mercados así como al crecimiento de las ya existentes. Dotar a los mercados y a sus participantes de un marco legal y regulatorio eficiente, uno que reduzca los costos de transacción, es una condición necesaria para dar un impulso a la creación de nuevas empresas y el incentivo para su crecimiento. Casos como el de Aguascalientes son un muy buen ejemplo de lo que puede lograrse con una mejora regulatoria.

Otro elemento importante para las empresas lo constituye la incertidumbre vigente de que sus derechos de propiedad estén eficientemente garantizados, particularmente en lo que se refiere al cumplimiento de contratos. No solamente la legislación mercantil es obsoleta e ineficiente, sino que además las empresas, cuando tienen que acudir ante los tribunales, particularmente en los poderes judiciales estatales, se enfrentan a una notoria ineficacia, ineficiencia y corrupción por lo que no existe la certeza jurídica del cumplimiento de contratos, elemento esencial para reducir la incertidumbre y los costos de transacción. No actuar sobre este gravísimo problema, junto con una urgente modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio, implicaría mantener una significativa barrera a la competitividad y al crecimiento.

Un problema más al que se enfrentan las empresas se enmarca en el sistema de seguridad social. Por cada peso de salario pagado a los trabajadores, el costo efectivo para las empresas por todas las contribuciones a la seguridad social (IMSS, INFONAVIT, SAR) se eleva 30% sin que los trabajadores perciban que estas contribuciones sean efectivamente una aportación a su bienestar. La ineficiencia de los sistemas de seguridad social, particularmente del IMSS, incentiva a que las empresas y hasta los propios trabajadores prefieran estar fuera del sistema, y dividirse entre ellos el costo de seguridad social. El problema es que esto implica no solamente la ilegalidad sino la atomización de las empresas en unidades muy pequeñas, mismas que operan con tecnologías obsoletas y sin poder aprovechar las posibles economías a escala, lo que inhibe la productividad y el crecimiento.