En México y en Estados Unidos definimos seguridad nacional en forma bien distinta en función de la historia, circunstancia y contexto de cada país. Además, como la gran potencia global intocada en su territorio hasta el ataque terrorista del 9/11, EU cambió radicalmente su definición desde entonces.

 

En Estados Unidos hoy, seguridad nacional es sinónimo de inviolabilidad de su territorio para evitar que vuelvan a ocurrir ataques como el de cinco años atrás, lo que implica poner filtros y barreras efectivas ante un mundo exterior que la mayoría de los norteamericanos considera hostil.

 

Sin embargo, la inmunidad absoluta es prácticamente imposible en una sociedad abierta y liberal como la estadounidense, que basa buena parte de su éxito político y económico en el respeto a los derechos ciudadanos, lo que implica enorme libertad personal y comercial, y gran movilidad física.

 

Para ilustrar este punto, vale la pena señalar que en Estados Unidos no existe una credencial oficial de identificación a nivel nacional expedida por el gobierno federal, como los carnet de identidad que otorgan la mayoría de los gobiernos, y que en México es la credencial de elector.

 

Las estructuras burocráticas creadas por el gobierno de Estados Unidos para atender sus requisitos de seguridad nacional, tienen una labor difícil enfrente. El asesor presidencial para “inteligencia” nacional enfrenta la ímproba labor de coordinar a 17 agencias federales que se dedican al espionaje y que recogen y analizan la información que debiera revelar las conspiraciones contra su país.

 

Al mismo tiempo, se creó la secretaría de Seguridad Territorial que agrupa una serie de funciones y cuerpos cuasi-policíacos, como los agentes de migración, aduanas y la patrulla fronteriza, que tienen la abrumadora misión de mantener el territorio de EU inviolado por personas y substancia indeseables.

 

Mientras tanto, México define su seguridad nacional en forma completamente diferente, para lo que basta comparar el diseño de las entidades a cargo de misiones similares en los dos países, lo que vino a complicarse aún más con la redefinición funcional que llevó a cabo el gobierno de Vicente Fox.

 

A la secretaría de Gobernación se le quitaron las funciones de control de las fuerzas policíacas federales y las labores de inteligencia, pero se le dejaron las relativas a asuntos migratorios, mientras que se creó una secretaría de Seguridad Pública básicamente para controlar a la policía federal

 

El Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), institución encargada de la “inteligencia,” estudia y da seguimiento a grupos subversivos y delictivos en gran escala y, al menos en teoría, los infiltra para conocerlos más a fondo, y hacer sus recomendaciones para que la autoridad superior los neutralice.

 

Como esto último no ocurrió durante el sexenio de Fox, en el que se dejaron crecer los focos conflictivos de la subversión y el crimen organizado, ya no sabemos a ciencia cierta si en materia de seguridad nacional tenemos un mal diseño institucional o si el fracaso se debe a que cómo no hubo las decisiones indispensables y no se actuó como la claridad y fortaleza necesarias.

 

El principal resultado ya sea de la falta de decisión de la autoridad superior o de arreglos disfuncionales en materia de seguridad nacional o, lo que es más probable aún, de una combinación de ambos, es que el Estado y la ciudadanía son hoy rehenes de la violencia del crimen organizado y de grupos insurrectos.

 

Ello, además de situar al país en una situación de vulnerabilidad extrema, lo coloca en una trayectoria directa de conflicto con Estados Unidos, dónde se percibe a un vecino cada vez más anárquico al sur de sus fronteras y, por lo tanto, incapaz de prestar una colaboración efectiva en la seguridad de región.

 

¡Una asignatura pendiente más para Felipe Calderón!