Con la colaboración de Orlando Otero

Durante el sexenio en curso Liconsa transitó entre claroscuros. Por una parte, esta empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, extendió su base de acción para atender a más de 5 millones de niños y vender más de 3 millones de litros de leche forticada al día, a un precio de 3.50 pesos. Por otra, una de las pocas paraestatales que era auto sustentable dejó de serlo. Consecuencia de lo anterior, es que el 17 de noviembre del año en curso, el precio de la leche Liconsa aumentó a 4.50, alrededor de un 28 por ciento.

El escándalo ocasionado por el alza de precios en la leche no se hizo esperar. Lanzarse de manera encarnada en contra de la medida del ejecutivo del gobierno federal curiosamente, resulta más rentable que cuestionarse las razones, motivos y consecuencias del aumento en el precio de la leche fortificada de los pobres.

Entre la mayoría de los columnistas, existe el consenso de que esta política pública, sin más, se trata de un crimen de lesa humanidad. Y lo es. Entre los políticos, el clamor desaprobatorio ha sido casi una constante. La Cámara de Diputados el 22 de noviembre hizo un exhorto al presidente Fox para que revocara el incremento en el precio de la leche Liconsa. El jefe de gobierno, Alejandro Encinas implementó, con su poder cuasidivino, un subsidio para este bien durante el gobierno futuro de Marcelo Ebrard.

Por el lado humanitario resulta trágico lo evidente, el impacto de una alza en los precios de un bien que consumen principalmente los sectores de la sociedad en extrema pobreza y pobreza moderada, va en detrimento de los más desprotegidos. El aumento de la leche Liconsa se traduce en un incremento en la desnutrición de los niños pobres, los cuales tendrán que enfrentar dificultades mayores al momento de incorporarse al mercado laboral, ya que no habrán recibido los nutrientes necesarios para el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales. Por el lado económico, el costo que representarán estos potenciales agentes productivos, que hoy en día son niños, es incalculable. Por el lado político, queda la pregunta en el aire de si fue un favor para evitarle al nuevo gobierno (otro) costo político o si sólo se trata de la última pincelada del magistral gobierno saliente.

Muchas de las críticas resultan conmovedores, y algunas incluso inteligentes, atinadas o por lo menos ingeniosas; sin embargo, el problema de fondo, el conflicto que duele a los más necesitados, por decisión o desidia se dejó de lado.

Muchas de las preguntas que se hacen los economistas en relación al papel del Estado siguen estando sujetas a fuertes debates. ¿Cuáles con las funciones óptimas que debe desempeñar el estado moderno; cuáles deben de ser sus límites y alcances? ¿Cuándo, si acaso alguna vez, debe subsidiar? ¿A quiénes y cuánto? En estas preguntas, se encuadra concretamente la de si puede y debe dar un subsidio mayor al que permita a Liconsa ser sostenible financieramente. Independientemente de la respuesta que pudiéramos dar a esto, lo que resulta verdaderamente escandaloso, es que Liconsa dejó de ser una empresa auto sustentable este sexenio debido a que la legislatura pasada estableció la obligatoriedad de que la empresa adquiera el 50% de los insumos de productores nacionales, cuyas infinitas ineficiencias resultan en un precio muy (pero muy) superior al que antes de esta perla legislativa podía acceder Liconsa en el mercado internacional. Así, una vez más, el beneficio de unos cuantos productores, se vio reflejado en un aumento de precios al consumidor, ya que al no poder comprar insumos más baratos, una empresa financieramente sana dejó de serlo. Hoy, para no quebrar no sólo técnicamente, ha de subir sus precios en casi un 30%. Las políticas proteccionistas son insostenibles en el largo plazo y, en este caso, terminó por afectar a aquéllos a quienes los políticos debieran proteger.

Las políticas públicas sin planeación terminan por agravar los problemas que pretenden resolver. La mediocridad de los gobernantes, su falta de congruencia, termina siempre por afectar al pueblo que tienen como mandato proteger. Con el paso de los años en nuestro país se han vuelto innumerables los casos en los que la ineficiencia del Estado termina empobreciendo a los más pobres.

Una última reflexión: increíblemente, el gobierno mismo no aporta información clara para justificar su acción, sino que sale una vez más con el “¿y yo por qué?” Sería un excelente momento para concientizar a la sociedad de los efectos perniciosos de acuerdos como el realizado con los lecheros nacionales que hacen insostenible vender la leche a $3.50, y para adoptar medidas modernas y eficientes para paliar el daño que se causa a aquellos consumidores que no podrán comprar la leche al nuevo precio.