Discutí ayer el contraste en las definiciones de seguridad nacional en México y Estados Unidos y el muy distinto diseño institucional de ambos países para cumplir con sus respectivas agendas en este tema. Señalé también que tales diferencias pueden plantear problemas en la relación bilateral.

 

¿En qué consiste la seguridad nacional para el gobierno mexicano? Resulta útil recurrir a la definición oficial que hace el Cisen del término, como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conllevan a:

 

·         La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

 

·         La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

 

·         El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

 

·         El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 constitucional;

 

·         La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional;

 

·         La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.”

 

El gobierno mexicano ve amenazas potenciales a la “integridad, estabilidad y permanencia” de la nación de dentro y de fuera, pero no detalla quién plantea tales amagos sino hasta su agenda operativa, a diferencia de Estados Unidos que hace explícita la “necesidad de evitar ataques terroristas” como su objetivo.

 

La definición operativa de seguridad nacional del Cisen ya incorpora el combate al terrorismo, que nuestros vecinos perciben como su principal amenaza, y mediante una estrecha colaboración podemos coadyuvar a evitar el acceso de potenciales terroristas antiamericanos a México, neutralizando así el apoyo político en EU contra nuestros inmigrantes.

 

Ello debe acometerse acotando con precisión los medios específicos para lograrlo, lo que nos permitirá pedir apoyo al gobierno norteamericano como parte de un nuevo marco binacional de seguridad para norteamérica, que incorpore las prioridades de ambos países, en los siguientes asuntos:

 

·         Combatir con mucha mayor efectividad en nuestro territorio al crimen organizado y al narcotráfico, que representan un grave peligro para la soberanía, la seguridad nacional y la salud pública en ambos países.

 

·         La urgencia de acabar de cuajo con los movimientos antisistémicos, como la APPO, que mantienen sitiada a la ciudad de Oaxaca y que, como vimos el fin de semana, no tiene el menor reparo en incendiarla a su antojo. Es necesario precisar el apoyo guerrillero a estos grupos y definirlos como parte del movimiento terrorista internacional para que entren en el radar de los aparatos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. De esta manera, ambos gobiernos podrían trabajar conjuntamente para ubicar y cortar sus fuentes externas de sustento político, financiamiento y aprovisionamiento de armas, y para determinar sus vínculos con el narcotráfico.

 

·         La exigencia de denunciar y proceder a castigar de inmediato las violaciones a las leyes y el permanente amago de violencia que plantean Andrés Manuel López Obrador y sus aliados golpistas. Sus acciones ponen en peligro la estabilidad política del país y, por lo tanto, constituyen una amenaza grave para la seguridad regional de norteamérica. Reclutar el apoyo de los aparatos  de inteligencia y seguridad de Estados Unidos permitirá, al igual que en el punto anterior, contar con mejor información sobre las fuentes de financiamiento y apoyo político externo a este movimiento sedicioso.

 

Con una agenda como la anterior se pueden complementar las hasta ahora distintas prioridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad nacional y definir un programa común que resulte más efectivo. Mañana seguiré con el tema de nuestra seguridad nacional en su vertiente económica.