Andrés Manuel López Obrador realizó su ceremonia de toma de posesión el pasado 20 de noviembre. Una vez más mostró su capacidad de llenar el Zócalo de la ciudad de México. Pero se cuidó de no dar elementos para alguna acusación penal por usurpación de funciones.

 

Tomó protesta como “presidente legítimo” y no como “presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”. A sus espaldas tenía un águila mexicana, pero no la del escudo nacional sino la que se usaba en el siglo XIX en el país. Prometió cumplir y hacer cumplir las leyes emanadas de la “Constitución General de la República”, pero no las de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la única que nos rige. Prometió presentar una serie de iniciativas legislativas, pero a través de las fracciones parlamentarias de los partidos que integran el Frente Amplios Progresista.

 

Todo parece indicar que López Obrador piensa mantener sus esfuerzos políticos por dos vías distintas. Por una parte continuará cuestionando la legitimidad de las instituciones y buscará de hecho impedir la ceremonia de toma de posesión del presidente Felipe Calderón el próximo 1 de diciembre. Al mismo tiempo, utilizará a las instituciones, y en particular al Congreso de la Unión, como el vehículo para impulsar su proyecto político.

 

El ex candidato de la coalición Por el Bien de Todos a la Presidencia de la República quiere gozar de lo mejor de los dos mundos. Por una parte, necesita a las instituciones. Le es indispensable que el tan cuestionado IFE le siga dando dinero al PRD y a los partidos del Frente Amplio Progresista. Requiere también que en el seno del Congreso sus legisladores se cuelguen las medallas de las causas que tengan beneficios políticos.

 

Al mismo tiempo, López Obrador tiene que seguir dando la impresión en los foros públicos que ha mandado al diablo a las instituciones y que, por lo tanto, ha tenido que dar un golpe de estado para convertirse en “presidente legítimo” de México. Con esto asegura que los medios de comunicación le presten atención: evita perder vigencia y quedar olvidado.

 

López Obrador no se contentará, por supuesto, con jugar a ser presidente de la república por tiempo indefinido. Está preparando el camino para que en el 2012 pueda volver a postularse como candidato. No quiere que le pase lo que a Cuauhtémoc Cárdenas, quien después de haber aparentemente ganado la elección presidencial de 1988 sólo pudo obtener un distante tercer lugar en la votación de 1994.

 

¿Es legal la estrategia de López Obrador? En buena medida sí lo es. Cualquiera puede autoproclamarse presidente de lo que sea, siempre y cuando no trate de usurpar las funciones del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. No son legales los bloqueos y agresiones a personas, empresas e instituciones que constantemente hacen sus simpatizantes, pero al parecer esto es un derecho adquirido por los usos y costumbres políticos de nuestro país.

 

¿Es ético? No lo sé. Eso sólo lo pueden juzgar López Obrador y sus seguidores, quienes han mantenido la doctrina de que en política el fin justifica los medios. Y el fin, claramente es el poder.

 

¿Es pragmático? Eso es algo que sólo el tiempo puede responder. Por lo pronto los desplantes de López Obrador han reducido significativamente su popularidad y le han causado a su partido la derrota en las elecciones de Tabasco.

 

Pero Andrés Manuel se muestra confiado: le apuesta a los errores que está seguro cometerá Calderón y, por supuesto, a la siempre confiable desmemoria de los mexicanos.