En términos de productividad los gobiernos tienen una profunda desventaja frente a cualquier otro emprendimiento humano: Los incentivos para quienes cumplen tareas gubernamentales no están alineados naturalmente hacia la generación de ganancias productivas.

En otras palabras, el funcionario público –aún el mejor funcionario– no es un espíritu puro –un ángel- y verá prioritariamente (como cualquier otro ser humano) por su provecho personal y el de los suyos. Por el contrario, en las actividades productivas que solemos llamar “privadas” la búsqueda del provecho personal –acotado por reglas claras y constantes para todos, que constituyen el estado de derecho- provoca naturalmente que el uso de los recursos escasos esté orientado hacia su aprovechamiento óptimo.

Ese aprovechamiento óptimo de los recursos es lo que llamamos productividad. Hacer más con menos.

La diferencia, entonces, entre los incentivos propios de la actividad privada (y lucrativa) y los incentivos propios de la actividad pública radica en la propiedad de los recursos. Milton Friedman lo expresó magistralmente (aunque tal vez pierda fuerza en mi defectuosa traducción): “Nadie gasta el dinero de otro tan cuidadosamente como gastaría el dinero propio. Nadie usa los recursos de otro tan cuidadosamente como usa sus propios recursos. Así, si quieres eficiencia y efectividad, si quieres cerciorarte de que serán propiamente utilizados (el dinero y los recursos) tendrás que hacerlo a través de los medios de la propiedad privada.”

Una forma imperfecta de moderar los incentivos hacia la ineficiencia y la ineficacia que tienen los gobiernos es imponer medidas generalizadas de austeridad en el gobierno que, junto con la transparencia y el escrutinio público contable, disminuirán en gran medida el desperdicio de recursos públicos. Se trata de un primer paso, imperfecto pero indispensable.

Sin embargo, la austeridad en el gasto gubernamental no equivale automáticamente a productividad. Para alinear los incentivos de quienes trabajan en cualquier gobierno hacia la productividad es indispensable ir más lejos y entrar al terreno de un cuidadoso análisis, caso por caso, de los costos contra los beneficios. No es lo mismo expedir licencias de manejo que administrar la deuda pública; no es lo mismo, en términos de beneficio y valor agregado, acrecentar las capacidades y destrezas de los alumnos en la educación pública que subsidiar películas para que ganen premios en festivales internacionales.

Las exitosas experiencias de otros países y la misma razón nos muestran que debemos armonizar, para acercarnos a un gobierno productivo, la autonomía de gestión del administrador público con la rendición de cuentas del mismo administrador, ante los ciudadanos, de acuerdo a resultados objetivos, mensurables y comparables; escrutinio del que se derivan premios y castigos para el administrador público en función de tales resultados.

En futuros artículos comentaré algunas iniciativas creativas y novedosas, como las que funcionan eficazmente en Nueva Zelanda, para alinear los incentivos de las tareas de gobierno hacia la productividad.