El sistema impositivo correcto, tanto desde el punto de vista de la justicia, como de la eficacia, es el integrado por un impuesto único (ni uno más), universal (sin excepción), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), no expoliatorio (para que el cobro del mismo no degenere en un robo con todas las de la ley), al consumo (no al ingreso, no al patrimonio), y cuyo fin sea financiar las legitimas tareas del gobierno: garantizar la seguridad contra la delincuencia, impartir justicia, y ofrecer los bienes y servicios públicos, ¡que realmente sean públicos!

Me queda claro que falta mucho para llegar a tener (si es que algún día llegamos a tenerlo), un sistema tributario como el descrito en el párrafo anterior, que será el resultado de una reforma fiscal que sea, antes que tributaria, presupuestaria, y que comience por responder las siguientes preguntas: ¿en qué gasta el gobierno?, ¿cuánto gasta el gobierno?, y ¿cómo gasta el gobierno?, tres preguntas que se sintetizan en una: ¿qué debe hacer el gobierno?

Una verdadera reforma fiscal debe comenzar por esta pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno?, para, con la respuesta en la mano, plantear la siguiente: ¿cuánto cuesta que lo haga y cuál debe ser la tasa del impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo que le proporcione los recursos para que lo haga?

Si la reforma fiscal no comienza siendo una reforma presupuestaria, no será la reforma fiscal correcta, por lo que el primer paso debe darse a partir de la pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno? Para responderla conviene distinguir lo que el gobierno puede hacer de lo que debe hacer.

Todo gobierno puede hacer, en esencia, tres cosas. Primera: prohibir que nos hagamos daño unos a otros y, en el caso de que no se observe la prohibición, castigar a quien dañe a terceros. Segunda: prohibir que nos hagamos daño a nosotros a mismos. Tercera: hacernos directamente el bien, garantizándonos desde la cuna hasta la tumba. En el primer caso se trata del gobierno gobierno, en el segundo del gobierno ángel de la guarda, que nos preserva de todo mal, y en el tercero del gobierno hada madrina, que nos concede todos los bienes. Es obvio que el gobierno ángel de la guarda viola el derecho a la libertad (por ejemplo: al prohibir determinados consumos), de la misma manera que el gobierno hada madrina viola el derecho a la propiedad (ya que el gobierno, para darle a unos, tiene que quitarle a otros), todo lo cual plantea la siguiente pregunta: ¿dónde queda la legitimidad de un gobierno que termina haciendo aquello que debería evitar: atentar contra la libertad y la propiedad de los gobernados?

El gobierno, ¿puede ser ángel de la guarda y hada madrina? Sí, y de hecho gobernar se ha vuelto sinónimo de preservar al gobernado de todos los males y concederle todos los bienes. Pero más allá de lo que el gobierno puede, ¿debe ser ángel de la guarda y hada madrina? No, y sin embargo lo es, y utiliza muchos medios a su alcance para actuar como tal, desde la prohibición de determinados males, hasta la provisión de ciertos bienes.

A partir de lo dicho en los párrafos anteriores podemos analizar los impuestos con los que el gobierno pretende, uno, reducir el consumo de ciertos productos, nocivos para la salud, actuando en tal caso como ángel de la guarda, y, dos, proporcionar atención médica por haber consumido dichos productos, actuando entonces como hada madrina.

Continuará.