En una colaboración anterior enumeré los que a mi juicio son los principales retos que enfrentará el nuevo Presidente de México para hacer crecer la economía. Aunque las causas del bajo crecimiento son tan complejas como el proceso económico mismo, sí podemos distinguir diversos factores estructurales que inhiben decididamente la formación de capital necesario para la expansión económica, como el diseño de la estructura tributaria, la flexibilidad del mercado laboral, la apertura del sector energético, la calidad del sistema educativo y el marco regulatorio, entre muchos otros.

En mi muy personal opinión, la reforma fiscal es la más importante de todas las famosas reformas estructurales, toda vez que los impuestos inciden, directa o indirectamente, en nuestras decisiones de consumo, ahorro e inversión y, por lo tanto, actúan como incentivos o desincentivos de la actividad económica. Además, en un sentido integral, la reforma fiscal significa la reforma del gobierno y de lo que nosotros, los ciudadanos, queremos que haga. Y ahí está lo complejo del asunto. No es un provinciano asunto de que el Estado se allegue de más dinero para gastar y gastar (el efecto positivo del gasto público en el crecimiento no puede darse por hecho); se trata de transformar a fondo la relación gobierno-gobernados.

La falla de fondo que enfrenta el país en el orden fiscal no es la insuficiencia de ingresos tributarios del gobierno, lo que le impide emprender ambiciosos programas de obra pública. Los ingresos fiscales no pueden, por sí mismos, generar el crecimiento económico que necesitamos para abatir la pobreza. Tratar el problema fiscal como insuficiencia de recursos gubernamentales llevaría la reforma tributaria al fracaso, tanto para aumentar los ingresos como para superar el verdadero problema, el ralo crecimiento. Esto es así por una olvidada razón: el gobierno sólo puede obtener recursos de la sociedad, la cual difícilmente estará dispuesta a apoyar una reforma que no muestre claramente los beneficios para la gente. Incrementar los ingresos públicos es un mal planteamiento de la reforma fiscal porque es ver sólo la conveniencia de los gobernantes.

La verdadera falla fiscal es que la actual estructura tributaria se ha vuelto terriblemente injusta, complicada y costosa, lo que no posibilita un ambiente favorable para la creación de riqueza dados los efectos negativos en la acumulación de capital, el trabajo de las personas y la cooperación de los contribuyentes. México necesita una reforma fiscal que a) acabe con las injusticias (exenciones impositivas, tasas diferenciadas, deducciones innecesarias, subsidios y créditos populistas, multitud de gravámenes, regímenes privilegiados, etc.), b) distorsione lo menos posible los procesos de mercado, c) reduzca el costo de cumplir con las obligaciones fiscales y, d) reduzca el desperdicio, elimine gastos superfluos y obligue más transparencia en el uso de los recursos. El primer punto significa ampliar la base de contribuyentes mediante impuestos generalizados y reducir la evasión; el segundo, implica introducir tasas bajas de impuestos, el tercero, simplificar el pago de impuestos y el último involucra una transformación presupuestal que refleje las funciones lícitas del gobierno. Como consecuencia de esto, mejorarán los ingresos del gobierno, necesarios para cumplir con sus compromisos sociales.

Los mexicanos pagamos muchos impuestos (IVA, ISR, IEPS, al comercio internacional, ISAN, tenencia y otras obligaciones adicionales, sólo por enunciar los federales) que resultan muy costosos para la sociedad por partida doble: porque la tasa total efectiva es muy alta (en algunos casos rebasa el 40%, sin contar el costo de la regulación y otras obligaciones adicionales) y porque, además, es muy caro pagarlos. La existencia de tantos tratamientos especiales y tasas impositivas para cada gravamen dificulta en gran medida el pago y cobro de los impuestos. Se estima que cumplir con la legislación fiscal (o hacer parecer que se cumple con ella) junto con recaudar impuestos nos cuesta a los mexicanos unos 127 mil millones de pesos al año (1.5% del PIB). Eso quiere decir que, para pagar impuestos, la sociedad tiene que absorber un 15.7% adicional al pago de sus contribuciones. Además, hay que considerar la pérdida del gobierno por “gastos fiscales” –cortesía de la injusticia tributaria- y evasión, que en conjunto suman alrededor del 100% de la recaudación tributaria. Así pues, la estructura fiscal actual termina siendo muy costosa para los mexicanos, tanto contribuyentes, quienes desperdician recursos para pagar o evadir, como gobierno, que pierde ingresos.

Una manera de transformar la estructura fiscal en una más sencilla, justa y menos costosa y que incentive el trabajo, el ahorro y la inversión es mediante la adopción de lo que algunos autores han llamado el sistema PBP, es decir, impuestos pocos, bajos y parejos para todos. De esa forma se distorsionan lo menos posible las decisiones de los agentes económicos y se reduce tanto el costo de cumplir con el fisco como la evasión. Otra opción, que han llevado a cabo diversos países con gran éxito, es la introducción de un único impuesto, lo que conllevaría eliminar todos los impuestos actuales, junto con sus múltiples tasas, regímenes especiales, deducciones y exenciones de la estructura tributaria. Un estudio reciente sugiere que un impuesto único, igual para todos los mexicanos y con una tasa sorprendentemente baja, no sólo incentivaría el crecimiento sino que además igualaría el monto de la recaudación actual y sin las complicaciones de ahora.

Lo importante en este momento es comprender que una reforma fiscal exitosa, que acabe con la verdadera falla fiscal y genere crecimiento económico, debe estar diseñada desde la óptica del beneficio al contribuyente, no a los gobernantes.