Imaginemos un mercado de comidas en restaurantes y centrémonos en un platillo especial: carne asada a la tampiqueña. En este mercado hay varios vendedores de tampiqueñas por lo que el bien que ofrece un restaurante particular es un sustituto muy cercano del que ofrecen otros restaurantes. No son perfectos sustitutos ya que la calidad de la carne y de los acompañantes tradicionales de este platillo (frijoles, rajas, guacamole, enchilada, etc.) puede ser diferente como también es diferente el ambiente dentro del restaurante, la localización geográfica de cada uno de los establecimientos, los complementos a este platillo como son las bebidas, los tipos de comensales que asisten, etc. En consecuencia, el precio de un mismo platillo varía de restaurante a restaurante. Dada esta diversidad de restaurantes que ofrecen prácticamente el mismo platillo, los demandantes pueden elegir libremente a cual asistirán en función de su ingreso, el precio del bien, la localización geográfica y sus preferencias particulares como pueden ser el tipo de restaurante del que se trate. Como puede verse de la descripción, se trata de un mercado que opera en un contexto de competencia: los diferentes restaurantes compiten entre sí para atraer a los demandantes de carne asada a la tampiqueña y saben que, todo lo demás constante, si ofrecen un bien y/o servicio deficiente relativo a sus competidores, la consecuencia es una pérdida de clientes y una menor tasa de rentabilidad sobre su capital. En este mercado, como en todos aquellos en los que rige la competencia, existe una clara responsabilidad pública de los oferentes: si ofrecen un mal servicio los consumidores no los reeligen.

Lo anterior viene a cuento por la diferencia que existe en la rendición de cuentas de un proveedor privado de bienes y uno en donde el proveedor es el gobierno, digamos servicios educativos en cualquiera de sus niveles. Este mercado se caracteriza por un solo oferente, el gobierno; para el oferente particular en una escuela determinada del sector gubernamental, el maestro, su sueldo, la rentabilidad sobre su capital humano, es independiente de la calidad del servicio que ofrece; los demandantes, los estudiantes y los padres de familia, no pueden distinguir entre la calidad ofrecida por los diferentes oferentes y estos se niegan vehementemente a ser evaluados; los demandantes no pueden elegir libremente entre los diferentes oferentes. Resultado: la ausencia de rendición de cuentas, de responsabilidad pública, genera un pésimo servicio educativo provisto por el gobierno.

Uno más. Un solo oferente de energéticos, sea electricidad o derivados de hidrocarburos; a la empresa proveedora no se le exigen utilidades; el salario de sus directores y empleados es independiente de su productividad y eficiencia; sus balances financieros son secreto de Estado, por lo que no se trata de una empresa efectivamente pública es decir no existe responsabilidad pública por sus actos; los usuarios no pueden elegir libremente, excepto si están dispuestos a vivir sin este bien. Resultado: bienes de mala calidad y excesivamente caros.

Vayamos ahora a las drogas. La sociedad gasta una enorme cantidad de recursos en el combate a la producción y tráfico de drogas en una batalla que no se puede ganar. Porqué no mejor que sea el propio gobierno quién se encargue de la producción y distribución de este bien. Se podrían crear Comisiones gubernamentales para determinar la cantidad que se vaya a producir de cada tipo de droga así como los canales monopólicos, obviamente gubernamentales, de distribución al mayoreo y al menudeo; además, se podría crear una Comisión Coordinadora de las Comisiones para cada tipo de droga, ente gubernamental que decidiría la política global sobre la drogas. Resultado esperado: dada la notoria ineficiencia que caracteriza al gobierno, agente que no rinde cuentas, sobre cuyos actos no existe la responsabilidad pública, prácticamente se acabaría el problema de la producción y tráfico de drogas. O porqué no mejor legalizarlas, regularlas y gravarlas y que sea el propio mercado, a través de agentes económicos particulares interactuando en un mercado competitivo el que decida qué drogas se producen, la cantidad intercambiada de cada droga así como el precio al que se llevaría a cabo el intercambio, en un sistema abierto en donde rija la rendición de cuentas. Todos ganan excepto los actuales narcotraficantes.

Ineficiencia gubernamental, falta de responsabilidad pública. Y planean gastar el próximo año 2.2 billones de pesos. Feliz Navidad.