Quienes atestiguamos los estragos causados por el irresponsable populismo de gobiernos que endeudaron al país, como ocurrió durante la docena trágica cuando la deuda externa de México pasó de 4 mil millones de dólares en 1970 a 80 mil millones en 1982, apreciamos en lo que vale la labor de reducción de la deuda realizada en la pasada administración hacendaria.

 

Vale la pena recordar que la orgía de endeudamiento externo que culminó con la quiebra del país al anunciar su imposibilidad de seguir dando servicio a sus compromisos financieros externos en 1982, sumió a México en una profunda crisis y en un estancamiento económico que habría de durar casi una década.

 

Con tales experiencias en mente, la secretaría de Hacienda siguió a partir de 2001 una sistemática política de remplazar deuda pública externa con pasivos domésticos a plazos cada vez mayores, hasta conseguir la colocación de bonos a tasa fija con vencimientos a 30 años, un hecho sin precedente en la historia.

 

Aprovechando que los mercados no estaban valorando apropiadamente los bonos Brady –con los que en 1990 se dio solución final a la deuda pública impagada de 1982-, la autoridad hacendaria procedió discretamente a retirarlos a un precio perceptiblemente por debajo de su valor, hasta lograr su completo retiro, con un ahorro apreciable para el país.

 

Con tales políticas y estrategias se consiguió que la proporción del endeudamiento externo neto del sector público respecto al PIB llegara a sólo poco más del 5% mientras que la cifra comparable en 1982 alcanzó el 80%.

 

De igual manera, la deuda pública total también ha disminuido respecto al tamaño de la economía a niveles de alrededor del 20%, casi la quinta parte de lo que representaba en los ochenta, y aún al sumarse todos los pasivos que no se contabilizan oficialmente como deuda pública –IPAB, Pidiregas, banca de desarrollo y fideicomisos- la deuda total es inferior al 40% del PIB.

 

El reemplazo de pasivos foráneos con deuda interna es reflejo también de la creciente confianza que generó la sólida situación fiscal y monetaria del país al grado que los ahorradores, que suelen votar con los pies ante situaciones de incertidumbre, han descartado lo probabilidad de sobresaltos financieros y  disparos inflacionarios insólitos e invierten en papel del gobierno a 30 años.

 

Ha crecido la credibilidad de México en los mercados internacionales lo que, a su vez, ha elevado su calidad como deudor. Las principales calificadoras de riesgo no sólo le otorgaron el grado de inversión sino que han ido alzando dicha calificación paulatinamente. Además, el llamado riesgo-país llegó y se mantiene cerca de su nivel mínimo histórico debajo de 100 puntos base.

 

El costo financiero neto total del gobierno federal promedió alrededor de 2.5% del PIB en el periodo 2001-06, un ahorro acumulado de casi 400 mil millones pesos, 5% del PIB, que hoy están a disposición de la sociedad. En adición, se fortaleció el “blindaje” financiero del país al adquirir los recursos para hacerle frente a todos los vencimientos de deuda externa hasta finales del 2007.

 

Al requerir menores recursos de los mercados crediticios el sector público, los dejó a disposición de las personas, y a un menor costo que en el pasado al haber caído las tasas de interés. En el 2000 el gobierno requería del 66% del total disponible para financiamiento mientras que hoy sólo demanda 14%.

 

El éxito de la política de deuda de la Hacienda dirigida por Francisco Gil, se refleja en las mayores oportunidades de consumo e inversión que hoy tienen los mexicanos. La deuda pública ya no es factor de vulnerabilidad en las finanzas públicas ni una amenaza que angustie a la población como en el pasado.