Dice un refrán sobre el entorno económico mexicano: donde no hay competencia, hay incompetencia. La proposición parece un pleonasmo, pero no lo es: dice que donde no existen las fuerzas de competencia, habrá desperdicio, altos costos de oportunidad, y bajas en productividad. La evidencia, por lo menos en nuestro país, parece apoyar esta idea. Ello ha convertido el objetivo de profundizar la competencia en una prioridad política.

Los monopolios, tanto públicos como privados, son parte de una red clientelar que han traspasado el costo de las ganancias de diversos proveedores y productores hacia el consumidor. El reciente “pacto” para estabilizar el precio del maíz es una muestra de ello: los productores de tortillas disfrutan de un margen de ganancia, a costas del consumidor, al no optar por la competencia para estabilizar, si bien gradualmente, el precio del maíz. Esta es herencia de la cultura mercantilista que ha obstaculizado el desarrollo en el país.

El precio, para cumplir su función de transmitir información, debe ser función de la oferta y demanda de bienes. Si las condiciones de oferta se restringen, como sucede con los monopolios, los subsidios o las protecciones, el precio de esa restricción se traslada a la demanda—o sea, a los consumidores. Si existe competencia entre oferentes, habrá más y mejores productos, a menor precio, entre los demandantes. En esta circunstancia, priva la soberanía del consumidor.

Hemos vivido, y estamos viviendo, la influencia de intereses especiales que suele acompañar el desarrollo de las democracias contemporáneas. El politólogo español Pedro Schwartz, en particular, nos ha advertido, en sus diversos escritos, sobre los riesgos que se presentan en la lucha de intereses dentro de una democracia, sobre todo, cómo el poder del gobierno en el proceso democrático se convierte en objeto de abuso por grupos de interés que buscan una forma fácil de redistribuir el ingreso a su favor—usando el mercado de las rentas políticas, en vez del mercado de oferta, para conseguir sus fines. Hoy vivimos esta circunstancia en toda una gama de sectores—agrícola, telecomunicaciones, energía, en fin, un poco de todo donde el consumidor mexicano sale perjudicado.

En principio, por principio, un sistema que permite que una mayoría o una minoría expropie los recursos de otros en nombre de un mítico bien ulterior (el mercado interno, la autosuficiencia alimenticia, la soberanía nacional) no es congruente con una sociedad que busque mejorar las condiciones para alcanzar un mejor nivel de vida. Si vemos otro tipo de ejemplos, como es el nacimiento de nuevas empresas de transportación aérea, vemos el beneficio de la competencia, tanto para el productor que mejora precio y servicio, y por lo tanto consigue ganar mercado, como el consumidor, que puede reservar, volar, ir y venir, a un precio accesible, en igualdad de circunstancia con otros.

Los temores de no alcanzar los acuerdos políticos para aprobar la amplia agenda de las reformas estructurales ha generado un falso sentido de hacer o morir, más bien, de aprobar o morir. Las reformas son esenciales, pero hay una gran cantidad de cambios que se pueden llevar a cabo, tan sólo reconociendo los beneficios de la competencia, o tan sólo haciendo posible condiciones de competencia entre tantos sectores que, hoy por hoy, se encuentran secuestrados por el clientelismo del productor que vive, y que gana, de favores políticos

Es una enfermedad aparentemente interminable, este virus de la incompetencia—y a la vista están los resultados.