El desastre de inseguridad que padecemos en México no podrá resolverse a partir de concepciones erróneas acerca de la naturaleza, causas y manera de enfrentar a la delincuencia. Y ninguna idea es tan estúpida y perniciosa como aquella que dice que la delincuencia tiene como causa a la pobreza, el desempleo, la carestía o la desigualdad en los ingresos.

 

Esta noción se presenta a menudo con ropajes “científicos”, cuando que no es más que mera propaganda ideológica del colectivismo, el estatismo y el socialismo, aunque también hay no socialistas que comparten esa concepción tan errónea.

 

A la falsa etiología criminal de los progres en realidad no le interesa explicar cómo es que el crimen se genera, sino justificar la “justicia social”, la acción del Estado para despojar la riqueza a unos y entregársela a otros. Un producto residual de esta operación ideológica es la justificación del crimen y de los criminales, con la consecuente satanización de las víctimas: los pobres delincuentes no hacen sino recuperar mediante acciones criminales aquello a lo que tienen derecho y de lo que fueron privados; en realidad las víctimas son ellos.

 

Pero no solamente porque sus consecuencias no nos gustan, es que esta idea debe merecer el más completo rechazo. La idea es condenable en primer lugar por ser una gran falacia, y ni siquiera ingeniosa, aunque ciertamente muy popular.

 

La aseveración de que individuos delinquen como reacción compensatoria ante las diferencias en los ingresos, tiene dos consecuencias lógicas: primera, aquellas jurisdicciones con mayor desigualdad sufrirán más criminalidad y viceversa; segunda, cuando crece la desigualdad crece la criminalidad y viceversa.

 

Pero antes de seguir, ¿cómo medir la intensidad del crimen y la magnitud de la desigualdad en los ingresos? La forma más apropiada de medir la incidencia criminal es en términos relativos a la magnitud de la población: la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes. Una primera medida de los delitos se refiere a aquellos registrados por la autoridad pública (en casi todo el mundo, por la policía: en México, por el ministerio público). Evidentemente la autoridad pública registra la minoría de los delitos y hay una cifra oculta o negra, la cual es estimada gracias a los estudios de victimización.

 

Para medir la desigualdad el parámetro universalmente aceptado es el índice Gini, en el cual la máxima calificación es de “1” y supondría que en una jurisdicción (país, estado, municipio) un solo individuo lo posee todo y los demás, nada. La mínima calificación sería de “0”, en donde la riqueza estaría repartida en partes exactamente iguales. Entre los dos extremos se encontrarían –en la realidad concreta- las diferentes sociedades.

 

Es demasiada la tentación por la digresión, de modo que ahí va: ¿Sabe usted quién fue Corrado Gini, el autor de este parámetro de la desigualdad? Pues ni más ni menos que uno de los mayores ideólogos del fascismo, padre de la obra “Las bases científicas del fascismo”, ¡Dios los crea y los totalitarios se juntan!

 

Pues bien, cuando se correlacionan los datos sobre incidencia criminal con los de la distribución de los ingresos (el plural es intencional), resulta que justamente naciones con niveles de desigualdad relativamente más bajos (entre 0.25 y 0.30 en el índice Gini) como son las europeas, presentan tasas de incidencia criminal mayores que la mayoría de países subdesarrollados y más desiguales. Suecia con sus 15 mil delitos por cada 100 mil habitantes supera nueve veces a México, con una tasa de alrededor de 1,500 delitos por cada 100 mil habitantes.

 

Pero incluso esto tampoco es regla: Japón con un índice Gini de 0.25, presenta uno de las tasas de delitos más bajas (alrededor de 2,000 por cada 100 mil habitantes).

 

La objeción a esta evidencia ha sido que las naciones con mayor desigualdad y por lo regular económicamente más atrasadas, presentan un mayor sub-registro de delitos. Pero cuando los estudios de victimización se generalizaron en el mundo, resultó que el cuadro no se modificaba: las naciones ricas y en su mayoría con menos desigualdad en los ingresos, seguían a la cabeza en incidencia criminal.

 

Ahora bien, los ideólogos de la desigualdad = crimen, encontraron un último reducto para defender su superchería: las correlaciones sí resultaron positivas en muchos casos cuando se compararon los índices de desigualdad con los de crímenes violentos (homicidio doloso y robo con violencia).

 

Pero se sigue tratando de sofismas y falacias. Chile y Colombia presentan casi el mismo índice Gini de 0.54 (uno de los más desiguales del mundo), mientras que en Venezuela el índice es más igualitario (0.42). Pero en Chile hay 1.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, en Colombia 35 y en el paraíso de los trabajadores en ciernes que es Venezuela, 49.

 

Y si introducimos la variable de la fluctuación de la desigualdad en el tiempo, la patraña de desigualdad = crimen sale peor librada. En Colombia en seis años ha habido progresos espectaculares en la reducción del crimen en general y violento en particular, sin que el índice Gini haya variado significativamente o en forma equivalente. En México hacia 1960 el índice Gini era de 0.53 y ahora es de 0.45, pero en lugar de haber bajado la delincuencia y la violencia ahora estamos más inseguros que nunca.