El que una comunidad de personas viva segura (seguridad que siempre es relativa), no se debe, al menos no de manera principal, a la honestidad y eficacia del gobierno para garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, sino a la ética de las personas, es decir, al reconocimiento (si no universal, sí generalizado), de parte de cada uno, de los derechos de todos los demás, reconocimiento que tiene como consecuencia práctica el respeto de lo mismos.

Estrictamente hablando, el gobierno no es capaz de garantizarle, a todos los gobernados, todo el tiempo, la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia. Aún en las sociedades más seguras y justas se cometen crímenes que quedan sin castigo: la eficacia del gobierno en tales menesteres, ¡que son los que esencialmente le competen!, siempre es menor que las buenas intenciones que lo animan, ¡suponiendo que realmente a los gobernantes los animen buenas intenciones!

¿Cuántos de nuestros gobernantes, desde presidentes de la república hasta presidentes municipales, pasando por gobernadores de los estados, pretenden llegar al poder para, ¡únicamente!, garantizarles a los gobernados la seguridad contra la delincuencia e impartirles justicia? Si a cualquiera de esos gobernantes se les limitara su campo de acción a esas dos tareas, ¿seguirían interesados en el cargo? ¿Cuántos de los gobernantes, hoy en activo, estarían dispuestos a ser solamente eso, gobernantes, y dedicarse únicamente a garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, reconociendo que la obtención de todos los otros los bienes, así como la prevención de todos los otros males, es responsabilidad de cada uno? ¿Cuántos? Es más, si por los frutos lo conocemos, queda claro que en la gran mayoría de los casos los gobernantes se niegan a ser gobierno, y un buen botón de muestra, ¡que no el único, pero sí bueno!, es la impunidad con la que, cualquier grupo de manifestantes, independientemente de las causas que defiendan, o de los intereses que promuevan, toman las calles de las ciudades, violando la libertad de tránsito de los demás, ante la mirada impertérrita de los gobernantes, quienes no solamente no los castigan, sino que en no pocas ocasiones los cuidan, permitiendo, una y otra vez, el triunfo de la arbitrariedad sobre la autoridad.

Retomo el argumento: estrictamente hablando, el gobierno es incapaz de garantizarle, a todos los gobernados, todo el tiempo, la seguridad contra la delincuencia y la impartición de justicia, de tal manera que la razón por la cual el que una comunidad de personas viva relativamente segura no se debe tanto a la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, sino al reconocimiento, de parte de cada uno, de los derechos de todos los demás, reconocimiento que tiene como consecuencia práctica el respeto de lo mismos. El respeto al derecho ajeno no depende, al menos no en primera instancia, de la honestidad y eficacia de los gobernantes, sino de la ética de las personas, personas con ética que no surgen por generación espontánea, sino por formación humana, formación humana que en México deja mucho que desear.

Con lo anterior no quiero decir que el gobierno no juegue, o deba jugar, un papel importante en materia de seguridad y justicia. Al contrario: ese papel es el único que verdaderamente justifica su existencia y lo que la misma supone: obligar a las personas a entregarle parte del producto de su trabajo, que eso es lo que supone el cobro de impuestos, obligación impuesta por el gobierno que solamente se justifica si los gobernantes cumplen, lo mejor que les sea posible, con esas dos tareas a las que ningún gobierno puede renunciar sin dejar de serlo: garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, en sus dos vertientes, castigar al delincuente y resarcir a la víctima del delito, pero sin olvidar que ningún gobierno es capaz de garantizarle, a todos los gobernados, todo el tiempo, la seguridad y la justicia.

Continuará.