En el artículo de la semana pasada señalé que si un miembro de la familia ya tiene acceso sea al IMSS o al ISSSTE, existe el incentivo para los demás miembros de la familia que trabajen lo hagan en el sector informal y así dividirse con su empleador las cuotas de seguridad social y que, dado el tamaño de las empresas que operan el sector informal son muy pequeñas y trabajan con tecnologías obsoletas, el sistema actual de seguridad social se constituye en una traba al crecimiento económico. De ahí concluí que era conveniente eliminar este esquema, cerrando el IMSS y el ISSSTE, y pasar a un sistema de seguridad universal financiado con los recursos obtenidos a través de la recaudación general de impuestos. Esta afirmación requiere una precisión. El esquema de seguridad universal financiado con impuestos abarcaría únicamente los servicios de salud, no las pensiones que seguirían operando bajo el sistema actual de cuentas individualizadas con aportaciones definidas y manejadas por las afores. Limitando la seguridad universal únicamente a los servicios de salud, el esquema se tiene que diseñar tal que el gobierno garantice, dada la escasez de recursos, un paquete mínimo de servicios (definido por un comité de economistas, médicos y bioeticistas), mientras que aquellas enfermedades no cubiertas en este paquete podrían ser aseguradas por los derechohabientes mediante el pago de una prima de seguro. Más aun, bajo este esquema todo gasto relacionado con la salud, incluido la prima pagada por un seguro de gastos médicos mayores y adquisición de medicamentos, sería deducible de la base gravable del impuesto sobre la renta.

Siguiendo con las trabas al crecimiento, una que ya mencioné de pasada, pero que vale la pena profundizar, es la alta incidencia de corrupción que impera en el país. La obtención de un beneficio personal mediante la utilización del poder público es una práctica común en el sector público mexicano, en sus tres órdenes de gobierno y en sus tres ramas, tal como lo indica el más reciente informe de Trasparencia Internacional. El pago que se le hace a un burócrata por agilizar un trámite que ni siquiera debería de existir, los pagos en las aduanas para pasar mercancía (y armas) de contrabando, la adjudicación de contratos de obra pública sin cumplir con los requisitos, el soborno a los funcionarios de los juzgados para obtener una sentencia favorable y muchos otros ejemplos más implican que los agentes económicos privados tienen que destinar una parte de sus recursos para financiar las rentas de todo un aparato burocrático notoriamente corrupto e ineficiente que no rinde cuentas por sus actos. Todos estos pagos a los servidores (sic) públicos, implican no solamente una transferencia de recursos sino, más aun, una enorme barrera a la creación de riqueza. ¿Cuánto más sería la inversión en el país y cuánto más crecería la economía si esos supuestos servidores públicos no le extrajeran a las empresas una parte de las utilidades esperadas del proyecto? Sin duda mucho más. La corrupción es el hoyo negro de la economía mexicana del cual, nadie que quiera progresar, puede escapar. Y no parece haber alguien que realmente pueda cambiar esta situación.