Hay la mal concebida noción de que
los años del Presidente Bush en la presidencia han sido caracterizados por una
actitud negligente respecto de la regulación. En gran parte, este mito parte de
la retórica del presidente y aquellos funcionarios elegidos por él, quienes han
enfatizado las costosas cargas que constituyen las regulaciones para los
negocios.
Pero la realidad ha sido muy
distinta: una regulación pesada continua, con una creciente pérdida de
rendición de cuentas y efectividad. Eso es gobernabilidad disfuncional, no laissez-faire.
Cuando se trata de la regulación
financiera, por ejemplo, hasta antes de la crisis de los últimos meses, el
gobierno hizo poco para alterar la estructura que regulaba el mercado y que
había sido construida a lo largo de décadas. Los bancos continúan siendo
gobernados por una mezcla de reglas y agencias que incluyen a la Oficina del
Controlador de la Moneda, los acuerdos internacionales de Basilea acerca de los
estándares para capitales, las autoridades estatales, la Reserva Federal y la
Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Los bancos cotizados en la bolsa,
al igual que las corporaciones, están sujetos a la Ley Sarbanes-Oxley.
Y las leyes que han existido por
años—como la Ley de Publicación de Hipoteca para Vivienda y la Ley de
Reinversión Comunitaria—ayudaron a promover la proliferación de préstamos
hipotecarios de alto riesgo. Tal vez la distorsión de más largo plazo en el
mercado de viviendas vino del código tributario: la antigua deducción por el
interés de la hipoteca, la cual promovió la inversión exagerada en bienes
raíces.
En resumen, había hartas regulaciones
—aún así gran parte de éstas empeoraron las cosas. Estas leyes e instituciones
deberían haber moderado el riesgo bancario mientras que promovían la
transparencia financiera, pero no lo hicieron. Esta deficiencia—no una política
juiciosa de laissez-faire—es donde el gobierno de Bush se equivocó.
Sería injusto, sin embargo, culpar
solamente a los Republicanos por estos fracasos regulatorios. Los Demócratas
tienen una larga historia de favorecer, sin titubear, la expansión de propiedad
de hogares, lo cual ha contribuido a los excesos de Fannie Mae y Freddie Mac,
los gigantes hipotecarios ahora humildes.
La privatización de Fannie Mae
sucedió desde la administración de Johnson, la cual quería librarse de las
deudas de esa agencia. Pero ahora, por supuesto, el gobierno debe hacerse cargo
de la deuda de la agencia. Hasta esta primavera, los Demócratas en el congreso
estaban presionando para que haya requisitos capitales más débiles para las
agencias hipotecarias. La realidad regulatoria era que pocos políticos estaban
dispuestos a intercambiar las ganancias económicas de corto
plazo—específicamente, tasas más altas de propietarios de hogar—por una
protección en contra de riesgos financieros a un plazo más largo.
Aún así, las numerosas críticas por
parte del gobierno de Bush a la regulación palidecen por los números, que
demuestran un interés sólido en una continuación y aumento de las regulaciones.
Esta es la lección de un estudio reciente, “Regulatory
Agency Spending Reaches New Height” por Veronique de Rugy, investigadora
titular del Mercatus Center de la George Mason University, y Melinda Warren,
directora del Weidenbaum Center Forum de la Washington University. (Nota: La
participación de la Srta. de Rugy en este estudio estuvo bajo mi supervisión). Para
el presupuesto fiscal propuesto para el 2009, el gasto por parte de las
agencias reguladoras crecerá en un 6,4 por ciento, similar al crecimiento del
año pasado y continuando una tendencia expansionista de largo plazo.
Para la categoría de regulación de
finanzas y banca, el gasto ajustado a la inflación ha aumentado en un 43,5 por
ciento entre 1990 y 2008. No es poco común que el Registro Federal publique más
de 70.000 o más páginas de regulaciones nuevas cada año.
En otras palabras, la regulación
financiera ha producido muchas leyes y mucho gasto pero con malas prioridades y
poco éxito en utilizar las leyes más importantes para evitar el desastre. Esto
nos recuerda cómo los legisladores muchas veces parecen más interesados en
construir nuevas carreteras—las cuales son proyectos altamente visibles—que en
mantener las viejas.
La desregulación financiera más
importante en los últimos tiempos fue una implícita —específicamente, que los
fondos soberanos y muchos otros nuevos y exóticos instrumentos financieros han
crecido en importancia pero se han mantenido en gran parte sin regulación. Es
cierto que estas instituciones contribuyeron a la severidad de la crisis de
Bear Stearns y a la relacionada crisis global de crédito. Pero no es obvio que
el sector financiero menos regulado se desempeñó en cualquier manera menos
satisfactoria que los sectores de vivienda o la banca—los cuales son altamente
regulados—incluyendo, por supuesto, a las agencias hipotecarias auspiciadas por
el gobierno.
En otras palabras, la regulación que
teníamos no funcionó muy bien.
Hay dos maneras de interpretar esta
historia: La primera es que, con el beneficio de poder mirar hacia atrás, uno
podría argumentar que necesitamos una voluntad política más fuerte para regular
cada esquina de las finanzas y evitar la crisis.
Bajo la segunda interpretación, la
cual yo prefiero, los reguladores nunca estarán en una posición para evaluar o
adivinar precisamente muchas de las transacciones más importantes del mercado. En
finanzas, trillones de dólares cambian de manos, los jugadores del mercado son
muy sofisticados, y gran parte de la actividad sucede afuera de EE.UU. —o
podría fácilmente suceder así.
Bajo estas circunstancias, el
verdadero asunto es establecer prioridades sólidas para la regulación para
prevenir los fraudes y para promover la transparencia en el mercado, dado que
el escrutinio del gobierno nunca será universal ni cercano a eso. Identificar
los sectores no regulados mirando hacia atrás no es una guía útil para saber
qué hacer la próxima vez.
Ambos candidatos presidenciales han
respaldado la reforma regulatoria, pero todavía no han indicado que ésta será
una prioridad. Eso no es sorprendente. Arreglar estos problemas podrá parecer
una manera muy abstracta de ayudar al ciudadano promedio, y seguramente
requerirá de enfrentamientos con algunos intereses especiales. Es más fácil decirle a los votantes que los reguladores se han encargado
del problema del año anterior, aún si es que eso no logra nada para el futuro.
Mientras tanto, si usted oye pedidos
para más regulación, sin una explicación clara de por qué la regulación falló
en el pasado, tenga cuidado. Es probable que consigamos más regulación con
todavía menos rendición de cuentas e inclusive menos enfoque en resolver
nuestros verdaderos problemas económicos.
*Artículo cortesía de Cato
Institute para Asuntos Capitales