Durante un momento hubo esperanza. Al revisar el pasado 29 de septiembre el primero de 42 juicios de amparo en contra de la ley electoral aprobada por el Congreso en el 2007, el pleno de la Suprema Corte decidió, por votación dividida de seis a cuatro, que los tribunales del país no podían seguir simplemente desechando los amparos contra enmiendas constitucionales como “notoriamente improcedentes”.

Particularmente significativo fue el pronunciamiento del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien señaló en la discusión que votaría a favor del proyecto que ordenaba a los tribunales inferiores admitir una denuncia de amparo en Jalisco contra la reforma electoral porque el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado en el reciente caso de Jorge Castañeda que el Estado mexicano no podía dejar en estado de indefensión a los ciudadanos.

Tanto inquietó esta decisión a la clase política mexicana, especialmente a quienes tienen el control de las cámaras legislativas, que personajes como el senador priista Manlio Fabio Beltrones o el perredista Ricardo Monreal lanzaron advertencias a los ministros para no extralimitarse en su sentencia. El senador panista Ricardo García Cervantes señaló que había que introducir una iniciativa de ley que específicamente señalara en la Constitución que las enmiendas constitucionales no pueden ser objeto de amparo, aun cuando violen los derechos individuales.

Tres días después, el 2 de octubre, la Corte falló en otra decisión dividida, otra vez seis a cuatro, que los tribunales sólo podían revisar el procedimiento de aprobación de las enmiendas constitucionales. En otras palabras, los ministros, jueces o magistrados sólo pueden estudiar temas como el número de votos y las condiciones en que éstos se hicieron, pero no el contenido o el fondo de los asuntos.

Para los ciudadanos mexicanos ésta es una muy grave derrota. La clase política ha reconfirmado su enorme poder. Los derechos humanos de los ciudadanos poco valen frente a los intereses de los políticos. La ley electoral obstaculiza la participación de los ciudadanos en la vida política: prohíbe las candidaturas a cargos de elección popular de quienes no sean postulados por partidos políticos, prohíbe la reelección de legisladores y por lo tanto su rendición de cuentas, dificulta la creación de nuevos partidos políticos que sean un reto para los que ya existen y prohíbe a los ciudadanos contratar tiempos de radio y televisión para expresar ideas políticas. La clase política ha creado así una ley diseñada específicamente para beneficiar a… la clase política.

Una vez que tomamos en cuenta todas las decisiones de la Corte de la semana pasada, podemos decir que los ministros han reconocido --lo cual es positivo-- los compromisos que nuestro país ha asumido a nivel internacional y que obligan al Estado mexicano a dar medios de defensa a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad. Esos medios de defensa pueden incluir el amparo en contra de los procedimientos con los que se aprueban las enmiendas constitucionales, pero desafortunadamente no de los contenidos. Si la clase política quiere aprobar enmiendas constitucionales que violen los derechos humanos, los ciudadanos no tenemos defensa en el fondo. Sólo podemos cuestionar si los procedimientos se cumplieron de forma adecuada.

Aun estas pequeñas limitaciones han enfurecido a la clase política. Por eso vemos a senadores como el priista Manlio Fabio Beltrones, el perredista Ricardo Monreal y el panista Ricardo García Cervantes advertir a los ministros que no se atrevan a debilitar su capacidad para aprobar reformas constitucionales que violen las garantías individuales.