Siguiendo con el análisis de los diferentes elementos institucionales que inhiben un mayor y sostenido crecimiento económico de México, en este quinto artículo de la serie trataré uno que es muy importante y que recibe, sin embargo, poca atención: la protección judicial de los derechos privados de propiedad, particularmente aquellos derivados de la violación de contratos mercantiles (y hasta civiles como en el caso de arrendamiento de vivienda)

Cuando dos empresas firman los términos de un contrato mercantil, se espera que ambas partes cumplan con lo acordado, partiendo del hecho de que cualquier transacción comercial no es más que una transferencia voluntaria de los derechos de propiedad de un bien a cambio del pago acordado. Partiendo de esto, si una de las partes viola lo establecido en el contrato (o se presenta un evento que no estaba considerado en el contrato, dado que no puede haber contratos completos es decir que prevengan todos y cada uno de los posibles eventos), la parte afectada en sus derechos debe tener la certeza de que podrá acudir, ya sea al arbitraje privado (con fuerza jurídica) o directamente ante el poder judicial para que un juez, actuando de manera independiente, imparcial y de forma eficiente y expedita, obligue a la parte que violó el contrato para que lo cumpla en términos de lo acordado o le adjudique a la parte afectada aquellas garantías que le compensen la pérdida experimentada en su propiedad.

Si esto se da, entonces las empresas podrán buscar en el mercado aquella contraparte que, actuando como proveedor o como cliente, les permita la maximización de sus utilidades. Sin embargo, si esto no se da, entonces las empresas únicamente firmarán contratos con partes ya conocidas, aunque no sea la mejor contraparte, por ejemplo que no sea el mejor proveedor en precio, calidad y tiempos de entrega. No tener la certeza de que se podrá acudir ante un poder judicial que actúe imparcial y expeditamente, para efectos prácticos, efectivamente inhibe la asignación más eficiente de recursos en la economía. Más aun, si no se tiene la certeza de la protección judicial de los contratos, la tasa de rendimiento que se exige ex ante para llevar a cabo un proyecto de inversión será mayor, lo que inhibe la inversión y el crecimiento.

Partiendo de lo aquí señalado, una de las mayores trabas al crecimiento económico en México es que efectivamente no existe la certeza de la protección judicial de los contratos. El poder judicial mexicano, particularmente al nivel de las entidades federativas, que es en donde se dirimen la mayor parte de las controversias mercantiles por violación de contrato (a pesar de que toda la legislación mercantil es de carácter federal), se caracteriza por su falta de independencia, su alto nivel de corrupción y en consecuencia su parcialidad en las sentencias y su ineficiencia en el trámite de los litigios.

Y es sobre esto que es crucial actuar, promoviendo el arbitraje privado y evaluar la conveniencia de expandir el Poder Judicial Federal para que sean jueces de distrito especializados en derecho mercantil quienes atiendan las demandas por violación de contratos.