Una de las peores canalladas (que son las acciones propias de los canallas, gente despreciable y de mal proceder), que puede cometer el poder público es otorgar privilegios (que son exenciones de obligaciones o concesiones de ventajas, en ambos casos exclusivas), sobre todo en el campo de la economía y, en concreto, a oferentes de bienes y servicios. Esos privilegios, que mantienen al margen de la competencia a quienes los reciben, les permiten cobrar un precio mayor del que podrían cobrar si en el mercado en el que operan hubiera competencia, misma que es limitada o eliminada por la acción del gobierno. Surgen así los grupos de interés, que tratan de influir en las decisiones de los gobernantes, sobre todo de los legisladores, para que las reglas del juego, por medio de las cuales se les otorgan privilegios, se elaboren en su beneficio. Se trata, tal y como los bautizó Gordon Tullock, de los buscadores de rentas, rentas que surge cuando, gracias al privilegio otorgado, que limita o elimina la competencia, se cobra un precio mayor del que se cobraría si hubiera más competencia.

Una de las peores canalladas que puede cometer el poder público es otorgar privilegios, sobre todo a oferentes, lo cual no ha impedido que el otorgamiento de apoyos, protecciones, subsidios, concesiones monopólicas y demás ventajas exclusivas sea, en México, la regla y no la excepción. ¿Cuántas de las grandes empresas (¿o debo escribir empresas grandotas?) que operan en el país, la mayoría de ellas en mercados monopólicos, duopólicos u oligopólicos, en cualquier caso con menos competencia de la que podría haber, son el resultado de algún privilegio otorgado por el gobierno? ¿Qué proporción de esos empresarios son buscadores de rentas, es decir, negociantes de privilegios en lo que Ricardo Medina ha bautizado como el capitalismo de compadres? ¿Qué proporción de las fortunas de esos empresarios es el resultado de haberle cobrado a los consumidores un precio mayor del que podrían haberles cobrado si el gobierno no les hubiera otorgado ese privilegio, y si hubieran operado en mercados abiertos a cualquier posible competidor? ¿Qué porcentaje de esos empresarios, muchos de ellos considerados líderes empresariales y benefactores sociales, está consciente de la manera en la que llegaron a capitanear empresas grandotas, que no necesariamente grandes empresas?

Una de las peores canalladas que puede cometer el poder público es otorgar privilegios, sobre todo a oferentes, siempre en contra, o de los contribuyentes (en el caso de que el privilegio sea la exenciones de alguna obligación tributaria o la concesión de alguna ventaja en la forma de subsidio), o de los consumidores (en el caso de que el privilegio sea alguna protección contra la competencia o alguna concesión monopólica), razón por la cual es importante exigirle a Felipe Calderón que cumpla con lo establecido en los Temas Legislativos para la Agenda Nacional, documento en el cual afirma que al Estado le corresponde, entre otras tareas, “la expedición de reglas claras y equitativas para todos los actores económicos”, y que por ello se requiere que “las autoridades regulatorias garanticen un terreno de juego parejo para todos”.

¿Quiere decir lo anterior que Calderón reconoce como error grave, tanto desde el punto de vista de la economía como de la justicia, que el gobierno otorgue privilegios a favor oferentes, razón por la cual, en ningún caso, por ningún motivo, y en ninguna medida, los concederá, tratando de eliminar los ya concedidos, abriendo todos los mercados a la competencia? Entonces, ¿acepta Calderón que una de las peores canalladas que puede cometer el poder público es otorgar privilegios, sobre todo en el campo de la economía, y en concreto a favor de oferentes de bienes y servicios? Seguramente que la respuesta es afirmativa, con la ventaja de que a partir del 1 de diciembre tendrá la oportunidad de mostrarlo en los hechos.