En unas semanas más se irá la que se llamó a sí misma “administración del cambio” que, por desgracia, no cambió tanto como pudo haberlo hecho si hubiera prevalecido una idea más clara de metas, objetivos e instrumentos para un buen gobierno, así como un equipo de mejor calidad.

 

Poco después de la victoria electoral y a petición de importantes partidarios de Vicente Fox, éste recibió a un distinguido economista para platicar de las oportunidades que se le presentaban al nuevo gobierno para llevar a buen puerto las reformas que se estancaron con Ernesto Zedillo.

 

El economista, lleno de entusiasmo, le describió a Fox lo que podría hacer en colaboración con el Congreso durante las primeras cuatro semanas de su gobierno:

 

·         En la primera, se enviaría a la Cámara de Diputados una reforma fiscal integral, pospuesta desde hacía décadas, que consistiría, entre otras medidas, de una simplificación administrativa a fondo; la reducción de tasas al impuesto sobre la renta y la eliminación de deducciones; y la homogeneización de las tasas del IVA a un nivel más bajo. Todo ello, pensaba el economista, podría elevar la recaudación en 4% del PIB.

 

·         En la segunda semana se propondría una reforma laboral que hiciera mucho más flexible el mercado de trabajo y protegiera mejor el interés de los trabajadores mediante la eliminación de contratos-ley y la democratización en la selección de líderes sindicales. Ello coadyuvaría a generar condiciones más favorables para la creación de empleos.

 

·         En la tercera semana se presentaría una reforma energética que permitiría el acceso de capital privado para generar energía eléctrica y en la exploración de petróleo y gas natural y, en asociación con las empresas públicas, para mejorar y desarrollar la distribución de fluido eléctrico y en nuevas plantas de refinación de petróleo. Aprovechando el viaje, se revisarían las estructuras administrativas de las empresas del sector para elevar su eficiencia y competitividad.

 

·         En la última semana de diciembre, el Ejecutivo enviaría al Congreso varias iniciativas de ley para hacer más eficiente la administración de justicia y acelerar los plazos de resolución de juicios; para mejorar los derechos de propiedad resolviendo rezagos en su titulación y modernizando los registros públicos correspondientes; y varios ordenamientos para hacer más efectiva la supervisión y control de empresas monopólicas.

 

Dado que el PAN, partido que llevó a Fox a la Presidencia, no contaba con mayoría en el Congreso, el economista proponía que la actividad legislativa descrita podría concretarse mediante la construcción de coaliciones específicas para cada caso y que seguramente cambiarían de uno a otro.

 

El economista le hizo ver al Presidente Electo que el trabajo técnico de estas reformas se podría llevar a cabo en los casi cinco meses que faltaban para la Toma de Posesión y que en paralelo se podría empezar a trabajar en construir las coaliciones que se formarían con los nuevos legisladores del PAN y de la oposición que llegarían a sus cargos en septiembre.

 

Para sorpresa del economista, Fox le dijo “me decepciona usted, licenciado. Parece no haber entendido que ahora somos un país plenamente democrático y que ya no se puede actuar autoritariamente como antes,” a lo que el economista respondió que lo comprendía perfectamente.

 

Y agregó que tanto el Presidente Electo como los integrantes del Congreso, habían sido elegidos democráticamente, en competidas y legítimas elecciones, y que les correspondía ahora buscar juntos la mejor forma de actuar en proyectos de beneficio para el país como los que le acababa de detallar.

 

Fox replicó que no estaba de acuerdo, que lo que el economista recomendaba era parte de la tradición despótica del pasado y que él iba a empezar su mandato resolviendo Chiapas.