La pobreza de las naciones es un fenómeno que se explica, en palabras del gran economista Mancur Olsen, por la torpe y absurda manera en que las sociedades “dejan billetes tirados en la banqueta”. La pobreza, siguiendo con esta lógica y avalada por la infinita evidencia empírica que hay al respecto, parecería ser una condición superable, abatible.

Resulta entonces por demás trágico que un alto número de naciones persista en su afán de seguir “desperdiciando billetes en la banqueta”; México entre los honrosos miembros de la lista. Dotado de abundantes recursos naturales, de una vecindad compleja, pero económicamente inmejorable con el país más rico del planeta, con una vasta diversidad geográfica, seguimos incrustados en nuestra penosa mediocridad, cómodamente instalados en el mar de los “países promesa” que pululan por el mundo.

¿Cómo salir de esta desesperante trampa de pobreza? El único camino es elevar nuestro potencial productivo a través de generar condiciones propicias para incrementar el ritmo de acumulación de los factores de la producción (humanos y físicos), al tiempo de detonar incentivos que permitan asignar los siempre escasos recursos, en fines más productivos. En esencia, reducir las enormes distorsiones que inhiben el crecimiento de nuestra productividad.

Dichas distorsiones no crecieron casualmente. Por lo general, suelen ser resultado de conflictos distributivos del pasado que fueron resueltos mediante la apropiación de rentas por parte de grupos de interés que, ahora, se encuentran “protegidos” ya sea por un “poder de jure” creado en el pasado (las reglas escritas, legislativas o regulatorias) o por un “poder de facto” (informal, no escrito) resultado de un poder económico desmedido o de un amplio poder de movilización.

Si el nuevo gobierno pretende romper con las limitantes estructurales que condicionan al país a su crecimiento mediocre e insuficiente, deberá necesariamente enfrentar a los grupos de interés –monopolistas, sindicatos, partidos políticos- que obtienen enormes ganancias con el status quo, a través de la extracción de recursos del consumidor o del contribuyente.

Hacerlo no será sencillo. El poder económico y/o de movilización de estos grupos no es menor, así como tampoco resultará sencillo emprender reformas de esta naturaleza en entornos con gran desigualdad, sistemas legales endebles y desconfianza generalizada hacia los gobiernos. En este contexto cabe la pregunta, ¿será posible avanzar en esta materia -reformas estructurales o reformas de la productividad- sin poner en riesgo la gobernabilidad del país?

No lo sabemos, pero es probable que no exista otro camino. Por ello, resulta en extremo urgente que el nuevo gobierno trabaje desde el primer día en mitigar las fuerzas centrífugas de nuestro actual régimen político. Si por gobernabilidad entendemos el equilibrio que se gesta entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad de respuesta de los gobiernos, será prioritario atacar ambos frentes simultáneamente, para poder ser capaces de enfrentar –con mayores posibilidades de éxito- a los poderes de veto, formales e informales, que buscarán a toda costa mantener el status quo.

Resulta entonces evidente que para romper el asfixiante impasse que vive el país desde hace varios años, herencia final del profundamente desigual régimen político post-revolucionario, el camino no parece ser el de “rebasar” por la izquierda o por la derecha a nadie, como ingenuamente han supuesto algunos, sino trabajar en fortalecer el marco legal y la libertad económica de los mexicanos para crear mayores y mejores oportunidades para la mayoría.

No existen atajos, pero si en los próximos años el país se mantiene en el camino de crear el denominado “consenso de la clase media”, habrá mayores posibilidades de romper el status quo vigente y, por consecuencia, adentrarnos en fronteras productivas más avanzadas. Le conviene a la inmensa mayoría.