Los retos de la política fiscal (II) 
Señalé en el artículo de la semana pasada que uno de los
principales retos en materia de política fiscal es cambiar el diseño tributario
actual hacia uno caracterizado por un impuesto proporcional al ingreso personal
junto con la homologación del IVA y la eliminación de los regímenes especiales
de tributación. La principal idea detrás de esta reforma es generar un sistema
de incentivos más eficiente para el trabajo, el ahorro y la inversión, que sea
más fácil de administrar para los individuos y las empresas y que sea más fácil
de fiscalizar, lo que repercutiría en una menor evasión y elusión fiscal, un
ampliación efectiva de la base gravable y una mayor recaudación. Quiero en éste
artículo tratar otros de los retos en materia de política fiscal que enfrentará
el gobierno de Calderón, estos por el lado de los egresos. Son tres: eficiencia
del gasto público, la deuda contingente, particularmente las pensiones de los
empleados públicos y el sistema de coordinación fiscal con los estados.
Respecto del primero, no hay peor administrador de recursos
que el gobierno. La razón es que sobre estos no están definidos los derechos de
propiedad y de ahí que un burócrata que tiene en sus manos el ejercicio del
gasto público, prácticamente en cualquier área del sector público, federal,
estatal y municipal, no tiene el mismo incentivo que un particular para buscar
la mayor eficiencia. Cuando un particular administra recursos que son de su
propiedad, dada la naturaleza de escasez que los caracteriza, tiene el
incentivo para tratar de maximizar la rentabilidad esperada de su utilización,
lo que genera una asignación eficiente de los mismos para cubrir el costo de
oportunidad. Esto generalmente no sucede en el sector público.
Uno supondría que en el ejercicio del gasto público, dado
que lo que se está administrando son recursos que se le extrajeron a la
sociedad a través del sistema impositivo, que los encargados de ejercer el
gasto lo harían en aquellos programas que maximizaran la rentabilidad social
por peso gastado, pero no es así. El gobierno, los burócratas, gastan una
enorme cantidad de recursos en programas que no tienen razón de existir o que
tienen una rentabilidad social muy baja o inclusive negativa; la dinámica en la
elaboración del presupuesto público establece que cuando a un programa se le
asignaron recursos en algún momento y por alguna razón, aunque ya no se
justifique que siga existiendo, se vuelve prácticamente imposible cancelarlo ya
que no hay nadie más eficiente para defender un determinado programa que el
burócrata que lo administra. En este sentido, y dada la notoria precariedad
fiscal del gobierno mexicano, es indispensable hacer un análisis profundo de
todos y cada uno de los destinos del gasto público, evaluándolos con un
criterio de rentabilidad social que considere la tasa social de descuento y
cancelando, sin miramientos como por ejemplo despedir a burócratas que no se
requieran y cuyos sueldos representan una destrucción de riqueza, aquellos
programas en todas las Secretarías de Estado y organismos públicos que no se
justifican, incluyendo todo tipo de gastos, sean corrientes, subsidios o de
inversión. Con esto se liberarían recursos que desde una perspectiva social se
desperdician, pudiendo ser reasignados hacia otros destinos socialmente más
rentables y que inclusive permitiesen reducir la carga fiscal sobre la
sociedad.
Lo anterior se tiene que complementar con un sistema
efectivo de incentivos y de rendición de cuentas por parte de los funcionarios
públicos. En la actualidad