Vicente Fox está dejando a su sucesor Felipe Calderón un país estable en lo económico pero turbulento en lo político.

 

Las finanzas públicas se han ejercido con responsabilidad. El producto interno bruto está creciendo a un ritmo de cuatro y medio por ciento en este 2006. La inflación se encuentra en 4 por ciento. El peso está estable y la Bolsa ha subido con un vigor sorprendente. Incluso el empleo, ese enorme problema del sexenio, ha empezado a repuntar: en este 2006 se cumplirá por primera vez ese mítico objetivo de crear un millón de empleos en un año.

 

El ambiente político, sin embargo, se encuentra envenenado. Andrés Manuel López Obrador y sus aliados no han dejado de cuestionar la legitimidad de las elecciones presidenciales del 2 de julio y han prometido hacer todo lo posible para no dejar gobernar al nuevo presidente. Oaxaca se ha convertido en una herida supurante que puede infectar a otros estados de la república. La mayoría de los líderes del sindicato minero mantienen su apoyo a Napoleón Gómez Urrutia, a quien la Secretaría del Trabajo no reconoce como dirigente. El sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se ha mostrado tranquilo en el último año, pero su régimen de pensiones sigue condenando a la quiebra al IMSS. Las pensiones de las demás entidades del sector público son también insostenibles y para corregirlas serán necesarios nuevos enfrentamientos políticos.

 

Quizá la peor herencia para el nuevo presidente es el hecho de que el gobierno federal ha perdido la capacidad de usar la fuerza pública para hacer cumplir la ley. Hemos pasado de los tiempos en que se reprimía con automática violencia cualquier expresión de disidencia a otro en que cualquier grupo, incluso de niños de escuela, considera que es su derecho bloquear el tránsito de una calle o carretera para hacer cualquier tipo de exigencia a la autoridad, incluso la destitución de una maestra de escuela.

 

A Felipe Calderón le tocará ser presidente de un gobierno debilitado al máximo. El Estado mexicano ha perdido el monopolio de la fuerza que los teóricos consideran como factor indispensable para un gobierno eficaz. Hoy todo el mundo puede usar la fuerza en México menos el gobierno. Los narcotraficantes ejecutan sin temor a quien se opone a sus designios. Los grupos políticos establecen barricadas en vías de comunicación y atacan a la fuerza pública con bombas molotov, palos y piedras; si los policías responden, son destituidos, encarcelados o exhibidos con recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Los empresarios importantes no tienen problema en este país en el que prevalece la ley de la selva porque se protegen con verdaderos ejércitos de escoltas; pero la gente común y corriente está a merced de quienes recurren a la violencia.

 

Si el gobierno no puede usar la fuerza pública, tampoco puede recurrir a la inteligencia. El presidente Fox ha desmantelado buena parte del aparato de inteligencia del Estado mexicano. Ni los criminales ni los revolucionarios tienen nada de qué preocuparse ante un gobierno que nada ve ni escucha.

 

Gobernar México en estas circunstancias no será fácil. Felipe Calderón corre con la suerte de recibir un país estable en lo económico, pero sus retos políticos serán mayúsculos. ¿Podrá superar esta herencia? Es difícil saberlo. No hay nada en su biografía que asegure que cuenta con la fuerza o la voluntad para enfrentar las presiones. Sin embargo, en nuestro sistema no hay otra opción. Las cámaras y las cortes tienen una función de equilibrio de poder. Pero, sin importar la herencia que reciba, es el presidente quien debe proporcionar el liderazgo que el país necesita para salir adelante.